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El Ministerio Público formalizó este jueves a una diputada del oficialismo por estafa a la Hacienda chilena en 2005, acusada de haber utilizado fondos públicos para actividades de proselitismo político durante su campaña electoral.

La legisladora Laura Soto, que se enfrenta a una pena de entre 61 días y cinco años de cárcel, ha sido suspendida del Partido por la Democracia (PPD), fundador de la alianza de centro izquierda, la Concertación, que derrotó a la dictadura militar en 1990.

La diputada ya había sido despojada de su fuero como parlamentaria por la Corte Suprema.

La investigación del Tribunal de Garantía de Valparaíso señala que Soto contrató a 30 personas para que hicieran propaganda a su favor en medio de la campaña electoral, a quienes habría pagado con fondos del Estado destinados a un programa de generación de empleos de emergencia.

El argumento de la parte acusadora señala que, en el marco de los planes de empleo, las personas contratadas recibieron pagos por supuestos trabajos para la comunidad, pero en realidad realizaban labor de proselitismo político.

Según la justicia, la diputada habría contado con la ayuda de su hija, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, y su yerno, quienes habrían proporcionado los 10 millones de pesos, unos 14.600 euros, con los que se habría pagado el trabajo de los brigadistas.

La diputada Laura Soto, quien asegura ser inocente, concurrió este jueves al tribunal para ser notificada de su procesamiento y del próximo inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad y la posible condena.
"Yo y mi defensa hemos trabajado arduamente para llegar a este punto, para llegar a que haya un juicio racional y justo como nos asegura la Constitución Política del Estado, eso es para todos los chilenos. Nadie está sobre la ley nibajo la ley", dijo la diputada tras ser notificada.

"Yo tengo la plena convicción de que en un juicio racional y justo no solamente se va a demostrar la verdad procesal, sino además la total y completa inocencia de mi parte, ninguna relación con los hechos ni directa ni indirectamente", afirmó Soto.

Por otra parte, el tribunal rechazó la petición del abogado querellante Cristián Letelier para que se decretara el arraigo de la parlamentaria como medida cautelar.