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El Centro de Generales del Ejército en Retiro (Cenge) respaldó las afirmaciones del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre quien, en una carta abierta, acusó al Gobierno de descontinuar la política de Derechos Humanos impulsada durante la pasada administración de Ricardo Lagos.

El gobierno, afirma el Cenge, ha incurrido en constantes "intromisiones en el Poder Judicial", a raíz de las causas pendientes que se tramitan en los tribunales contra funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El presidente del Cenge, general (r) Jaime Núñez Cabrera, sostuvo que las declaraciones de Cheyre "confirman la forma anómala con que el Gobierno de la Concertación ha tratado el delicado tema de los Derechos Humanos, la arbitraria discriminación con que se ha aplicado la Ley de Amnistía, la prescripción del delito y la cosa juzgada, cuando estas situaciones han afectado a uniformados, produciendo un sentimiento de injusticia en un sector muy importante de la ciudadanía y mayor aún en los militares en retiro", según consigna el documento público firmado por Núñez.

"Las acciones del Gobierno directas o indirectas han impedido que los asuntos de Derechos Humanos sean tomados en igualdad de condiciones para todos los sectores de la sociedad, porque (el Ejecutivo) ejerce presiones sobre todos los poderes del Estado", agregó el retirado general, quien además emplazó a La Moneda ha dar una solución final "y poner término a un estado de cosas que se han postergado por demasiado tiempo, como la reconciliación de la sociedad chilena".

Cheyre, en una carta abierta titulada "Una propuesta que a todos asegure justicia", planteó que el país debe contar con una reglamentación que establezca la incompatibilidad de las personas que hayan estado involucradas en actos subversivos o propiciado hechos terroristas para acceder a cargos en la administración pública, ya sea a nivel gubernamental o parlamentario.

Sostuvo además que el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet desechó una política en DDHH "exitosa" por una basada en una "mentira institucional".

La controversia entre el Gobierno y los ex uniformados se generó tras la renuncia del general de Ejército Gonzalo Santelices, quien denunció presiones para alejarse de la institución castrense por su participación en el traslado de detenidos ejecutados en 1973 en Antofagasta en el marco de la operación "Caravana de la muerte" que ejecutó a 75 presos políticos de manera sumaria.