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Con el txupinazo del 1 de julio, en París, ha comenzado la presidencia europea de Nicolás Sarkozy. Los próximos cuatro meses en Europa serán de marcha inquietante. Sarkozy ha arrojado un desafío de protección. Sus palabras destilan sensación de peligro y de amenazas que acechan a los europeos: Protegerse de los alimentos que vienen de África, Asia o América Latina, o de los inmigrantes que proceden de esos mismos continentes. Protección para devolverle seguridad al cuerpo (de Europa).

Su ideario contempla un Pacto sobre la Inmigración sellado por la ideología de la seguridad, la que le da carácter a la “Directiva sobre el Retorno de Inmigrantes” al  criminalizar a los extranjeros no comunitarios, sin papeles, facultando a la autoridad administrativa a encerrarlos por 6 meses, prorrogables hasta 18, en centros especiales, mientras se tramita su expulsión y a deportar menores de edad a terceros países. 

Europa Conservadora: orden y costumbres 

Los líderes de la Unión Europea (UE) se proponen sancionar una política común de inmigración. "Es una prioridad esencial para los ciudadanos'', dicen. Y en marcha están con la Directiva, el diseño de nuevas medidas de seguridad fronterizas y el fortalecimiento de las normas de inmigración y de asilo (huellas dactilares a inmigrantes y asilados; antecedentes de todos los visitantes que crucen las fronteras del bloque y uso de un sistema de vigilancia vía satélite para impedir el ingreso de indocumentados).

Esta Nueva Europa, como la llama George W. Bush, se yergue. 17 gobiernos de derecha en la Europa de los 27, contrastan con los 3 que gobernaban en la Europa de los 15 (2002), debido a la ampliación hacia el Este y la llegada del ideario político neoconservador de origen estadounidense, que comienza a colorear no sólo gobiernos, sino leyes o normativas basadas en el recorte de derechos y libertades.    

El “orden” y las “buenas costumbres” son dos conceptos que se extienden a través del discurso conservador de los dirigentes europeos (“inmigración ordenada, clandestina”, “no cabemos todos”), de la trama de leyes y normativas (detenciones administrativas”, “internamiento”, “prohibición a volver en cinco años”) y de prácticas estatales y no estatales de la Europa de hoy (“caza preventiva de sin papeles” en Milán, Italia, “redadas masivas contra sin papeles en Torre Pacheco, Murcia).

Mantener el orden (político y económico) y conservar las costumbres (sociales y culturales) ante los “bárbaros de hoy” es el lenguaje que estimula la dinámica represiva y discriminatoria del Estado, y que favorece la acción de grupos xenófobos, como la camorra que irrumpió contra los rumanos en Nápoles, Italia. 

El gobierno de Berlusconi  estudia leyes discriminatorias con penas especiales al extranjero que cometa un delito y  el gobierno de Sarkozy ensalza su política de inmigración “clara, coherente y equilibrada”: 14.660 extranjeros sin papeles han sido “reconducidos a la frontera” (expulsados) en los primeros cinco meses de 2008.

Desdibujada, la Europa Progresista declina

El fortalecimiento de los gobiernos de derecha, en medio de una crisis internacional que golpea las economías de los países europeos, arrastra a los gobiernos de izquierda. El británico de Gordon Brown incrementa hasta 42 días la detención administrativa, sin derechos del afectado, por sospecha de terrorista. Una norma propia de las ex dictaduras militares latinoamericanas, transgresoras de los derechos humanos.

El socialista español de Rodríguez Zapatero promueve la Directiva, que pone en jaque la libertad y los derechos de 8 millones de  extranjeros sin papeles en los 27 países de la UE. Anuncia medidas que endurecen el proceso de reagrupación familiar. Con orgullo, exhibe su superioridad frente a la derecha para expulsar inmigrantes en su primera legislatura: un aumento del 43,4% de expulsiones y 183,3% de expulsiones desde aeropuertos, respecto de la segunda legislatura del gobierno de José María Aznar.
 
Derecha e izquierdas europeas se entrelazan, como quedó nítido en la votación de la Eurocámara, a propósito de la Directiva, aprobada por 369 votos a favor (40 nacionalistas de extrema derecha, 217 populares, 57 liberales y 34 socialistas -españoles y alemanes-, 197 en contra y 106 abstenciones (37 de izquierda unida y 38 verdes, 149 socialistas -de estos sólo 3 españoles-,  49 populares y 27 liberales).
 
Los socialistas en el gobierno (España y Alemania) coinciden con la derecha extrema de Bossi, Le Pen, Häider y los Kaczynski. Una coincidencia sobre normas vinculantes de detenciones administrativas hasta 540 días en “cárceles especiales” (en España hay 9 con informes muy negativos de Amnistía Internacional) y deportaciones de menores a países que no sean el suyo.

Francia (derecha) y España (izquierda) acuerdan las bases de un Pacto sobre la Inmigración que devuelva la seguridad a los ciudadanos. Francia aparca el “contrato de integración” y consigue prohibir “las regularizaciones generales”, mientras España avala las “regularizaciones masivas”, caso a caso, y las perspectivas de integración permanente, más una  reagrupación familiar con condiciones económicas y de vivienda. 

Dos clases de inmigrantes: residentes e “ilegales”

El 23 Congreso de la Internacional Socialista (junio, 2008) pide en sus resoluciones, “resaltando el rostro humano de la inmigración”, garantías para el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes, y en especial los de los niños. Lo ha hecho después de dialogar con representantes latinoamericanos acreditados en la UE.

Estas preocupaciones están lejos de las del Ministro de Asuntos Europeos español, Diego López Garrido: “ningún inmigrante en situación irregular (…) va a ser expulsado como consecuencia de esa Directiva (…) Ningún inmigrante va a ver empeorada su situación. En cambio, muchos tendrán una protección con la que no contaban (…)”.

La pregunta es si esa voluntad está en el gobierno francés, italiano, alemán o británico. Nueve de los 27 eran los que no limitaban los encierros de inmigrantes (Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Lituania y Estonia). ¿Por qué no los instaron a que pusieran sus propios límites, como los demás? Sin embargo, los plazos de la Directiva endurecen la situación contra los inmigrantes en 15 estados, entre ellos España que, hasta ahora, encerraba a los inmigrantes sin papeles  hasta 40 días.

La normativa europea crea dos clases de inmigrantes: los residentes y los ilegales, penalizando a los últimos a través de la privación de libertad  y la deportación en el caso de los menores. Lo que no atiende Europa es que la inmensa mayoría de los residentes no comunitarios fueron en algún momento “ilegales” y luego normalizaron su situación.

En el caso de España, de los 3.124.625 extranjeros no comunitarios -actualmente empadronados- por lo menos el 76% llegaron sin papeles y en vez de privarlos de libertad, los gobiernos de Felipe González, de José María  Aznar y de Rodríguez Zapatero, los reconocieron como residentes con permiso de trabajo.

América Latina: como hace 200 años, una sola voz

A menos de dos años que los países de América Latina comiencen las celebraciones del  bicentenario de sus respectivas independencias, se han puesto en movimiento. Ante la aprobación de la Directiva, el rechazo de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela es inequívoco.

Los jefes de Estado de los países del Mercosur plantearon la incapacidad de países europeos, hoy receptores de inmigrantes latinoamericanos, de reconocer reciprocidad histórica cuando de éstos emigraron hacia América Latina. El Presidente  uruguayo, Tabaré Vásquez atestiguó: "Soy nieto de gallegos, de franceses e italianos", recibidos "con los brazos abiertos" en todos los países de la región.

En este sentido, Chile recordó el principio de responsabilidad compartida, suscrito en la Declaración de Lima de la Cumbre América Latina-Unión Europea (2008): “la necesidad de un enfoque comprensivo de la migración internacional (...), que incluya el reconocimiento de los beneficios mutuos para los países de origen y de destino y la toma de conciencia pública sobre la importante contribución económica, social y cultural de los inmigrantes a las sociedades receptoras".

La Organización de Estados  Americanos (OEA) resolvió que su secretario general encabezase una misión especial para manifestar ante la UE la preocupación y “buscar soluciones prácticas a través del diálogo a las inquietudes expresadas”. También la Comunidad Andina de Naciones instó a la UE a hacer "una reflexión conjunta".

Este rasgo fue remarcado por Chile al llamar a la UE a "generar, dentro de los ámbitos que correspondan, un espacio de diálogo desde una óptica de los derechos humanos de los inmigrantes… que pueda generar una agenda bi-regional equilibrada y realista sobre la materia, que otorgue un tratamiento verdaderamente digno, justo y solidario a los inmigrantes irregulares".

Todos coinciden en que la Directiva sobre el Retorno de Inmigrantes es discriminatoria y viola los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libre circulación. "Puede lesionar gravemente los derechos humanos de los inmigrantes" (Chile)  al “criminalizar el tema migratorio” (Paraguay), “contribuyendo a crear una percepción negativa de la inmigración” (Brasil), lo que “no se condice con la tradición europea” (Perú).

¿Dónde está el alma europea?, se preguntó el Presidente de Bolivia, Evo Morales, recordando a los colonizadores españoles que afirmaban que “los indios no tenían alma”.  

Las voces de nueve países sudamericanos, escuchadas en Madrid por el Secretario General Iberoamericano Enrique Iglesias, le hacen decir que lo aprobado por la UE "mina el clima de confianza, armonía y respeto, indispensable para una cooperación internacional efectiva y justa".

Los ojos puestos en la familia

La reagrupación familiar surge como problema al que hay que ponerle atajo. Mientras el 2000 se autorizaron 7, el 2006 fueron 97.759. Las solicitudes por reagrupación superan a las de permiso de residencia. El aumento de inmigrantes en España se explica por la llegada de la familia del que inmigró hace unos años. Es la evidencia de que España está ante unos inmigrantes que consolidan su proyecto.

El ministro Celestino Corbacho ha llegado a poner orden en las familias de inmigrantes. Sería difícil imaginar hoy lo que la Secretaria para la Inmigración, Consuelo Rumí dijera en marzo pasado: “el reagrupamiento familiar favorece la integración del individuo en la sociedad de acogida y amortigua los riesgos de aislamiento con respecto al entorno” y concluía que no había que mirarlo con alarma, porque “ha sido delimitado con precisión y porque es indisociable  de los movimientos migratorios”.

La opción es restringir. Con el sistema actual, dice Corbacho, podrían llegar un millón de personas, un número que asusta, simbólico y, calcula, que los límites al reagrupamiento podrían hacer disminuir el flujo de inmigrantes hasta un 40%.

El cómo se han ido reuniendo las familias inquieta a la autoridad, teme que el estado de bienestar se precipite, mientras  a matrimonios inmigrantes se les encoge el alma cuando escuchan que alguno de sus padres no podrá vivir con ellos. La decisión es cerrar el paso a los padres. 

Pero el ministro piensa en más obstáculos, cuando se pregunta si el inmigrante está en condiciones económicas y de vivienda para atender a los que arriban. Si no lo está, asevera, la reagrupación desestructuraría a las familias en vez de reagruparlas. Una argumentación que anticipa nuevos recortes y nuevas exigencias.