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El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner remarcó este jueves que "no cederá" a las presiones del campo y prepara una estrategia parlamentaria en vista de que su política impositiva divide aguas en el mayoritario grupo de legisladores oficialistas y aliados.

La Presidenta señaló que "la expectativa del Gobierno es que el Parlamento nos dé la razón", pero aclaró que el gobierno no le dice a "ningún diputado lo que tiene que hacer o dejar de hacer".

El oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, fruto de los triunfos electorales consagrados en las legislativas de 2005 y de 2007.

En los comicios generales de octubre del año pasado, la presidenta se impuso con el 46 por ciento de los votos y le sacó una ventaja de 23 puntos a la segunda de las fórmulas electorales.

Dos encuestas revelaron, en tanto, que al menos seis de cada diez argentinos apoyan la intervención del Parlamento en el conflicto, a pesar de que responde a una tardía decisión de Fernández, cuya popularidad sigue en bajada, según otro sondeo que también recoge la prensa.

Las asociaciones de supermercados se quejan de desabastecimiento de alimentos básicos a causa de bloqueos de carreteras que mantienen algunos grupos agrarios y el comercio minorista denuncia haber perdido ventas por unos 600 millones de dólares en el último mes.

El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que la política impositiva "está abierta al debate", a pesar de que el Ejecutivo propuso que los legisladores aprueben o rechacen el sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos que detonó el conflicto a comienzos de marzo pasado.

Más allá de que el Gobierno quiera una ratificación "a libro cerrado", como adujo ayer el campo para mantener sus protestas, está claro que el Parlamento puede cambiar el proyecto oficial, que sólo empezará a ser debatido en las comisiones la próxima semana.

La intervención parlamentaria fue habilitada por la mandataria este martes, cuando el conflicto llevaba 98 días y la oposición había fracasado en cuatro ocasiones en anular o modificar la presión del Fisco sobre el sector agropecuario, el más competitivo y dinámico de la economía argentina.

El vicepresidente argentino, Julio Cobos, anunció que el lunes próximo se reunirá con seis gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición, "para escuchar las ideas y los aportes" de cada uno de ellos con vistas al debate parlamentario.

Gobernadores y dirigentes peronistas que discrepan con la presión del Fisco sobre el sector campo han instruido a legisladores de sus distritos para que lleven esa posición a los debates de la Cámara de Diputados, de 254 miembros, donde el oficialismo y sus aliados tienen mayoría.

El núcleo de la oposición al Gobierno de Fernández suma 84 bancas de diputados, cuando para iniciar un debate en esa cámara hacen falta 129 y 65 votos para la aprobación de una iniciativa.

Fuentes parlamentarias calculan que de los 118 diputados oficialistas, hay por lo menos 15 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, las más afectadas por el conflicto, que se oponen al proyecto de ratificar la política de la Presidenta Cristina Fernández.