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El Gobierno propuso una fórmula para el reajuste al sector público que fuera escalonada. Es decir, más para los trabajadores que ganan menos, y cero para los que ganan más.

En esta categoría entraban los parlamentarios, los ministros, los jueces y demás dignatarios del Estado, todos los cuales ganan más –y en algunos casos muchísimo más- de 3 millones de pesos (alrededor de US$ 4.800).

Pero los diputados y los senadores se negaron en redondo. Dieron razones muy impactantes, como que a ellos les preocupa que el dinero del Estado vaya a los bolsillos de los más pobres. Ninguno tuvo la valentía de reconocer que entre “los más pobres” se consideran ellos mismos.
 
Por fin, después de grandes debates y de frases para el bronce, aceptaron un 10 por ciento para todos. O sea, para un auxiliar que gana alrededor de $ 300 mil, el reajuste será de $ 30 mil. Y para los diputados y senadores, que ganan alrededor de $ 8 millones, el reajuste será de $ 800 mil. ¡Muy justo, estamos muy satisfechos de cuidar los bolsillos de los pobres!, dijeron sin ningún rubor.

Pero aún más. Dieron razones. Por ejemplo, la senadora Evelyn Mathei explicó que si ellos no recibían el mismo reajuste que todos los demás, no podrían reajustar los sueldos de sus secretarios, sus choferes, sus jefes de prensa… etc.

En una curiosa alianza con la derecha, el Partido Comunista dio a conocer una declaración afirmando que el reajuste escalonado que el Gobierno intentaba, “en verdad estaba dirigido a dividir a los gremios en conflicto”.

Razones hay para todo.