Ni la violencia ni la pobreza son inevitables

Vivimos en un mundo donde frecuentemente las mujeres, la mitad de la población del mundo enfrentan postergaciones, exclusión, maltrato, y todas las otras formas de abuso y violaciones de sus derechos.

Miles de mujeres “pagan” por ser quienes son, desde el campo de batalla hasta el dormitorio, y -en muchos casos- frente a la mirada impasible de los gobiernos y autoridades.

Hay instrumentos internacionales, declaraciones, nuevas legislaciones que buscan garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en la prevención y resolución de los conflictos y en el mantenimiento de la paz después de los conflictos, así como aumentar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto. Así también existen en la lucha contra los efectos de la pobreza.

La pobreza se caracteriza por la experiencia diaria de abusos que ahogan a las personas en la miseria, la inseguridad y la exclusión, dejándoles sin voz. La pobreza es una afrenta a la dignidad humana y la peor crisis de derechos humanos del mundo. Además de la falta de recursos para atender las necesidades primarias para ellas mismas y sus familias, la pobreza está marcada por la falta de acceso a salud, justicia, educación y seguridad. Por ello es tiempo que, en ocasión del día de la mujer el 8 de marzo, nos animemos a “correr la cerca” y reclamar para todas las personas y para el futuro la exigibilidad de éstos derechos.

Ni la violencia contra las mujeres ni la pobreza son inevitables, aunque ambas se combinan para reducir las opciones de las mujeres y colocarlas en peligro de sufrir violencia.

En Amnistía Internacional llevamos adelante desde 2004 una campaña global para terminar con la violencia que sufren las mujeres y estamos pidiendo que en Chile:

•    Se ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención  sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

•    Que se garantice un pronto acceso a la justicia, la reparación de las consecuencias de estos actos y la prevención de nuevas violencias que viven muchas mujeres en Chile, especialmente cuando proviene de sus familiares y/o sus parejas.

•    Se modifique la Ley de Violencia Intrafamiliar, ampliando su ámbito de aplicación; evitando conflictos de competencia entre los órganos de justicia penal y de familia; hacer más eficiente y eficaz el otorgamiento y cumplimiento de las medidas de protección; incluir deberes para el gobierno, los servicios públicos y las municipalidades de hacer campañas de sensibilización y trabajos de orientación; y promover la creación de más casas de acogida a víctimas de violencia intrafamiliar.

•    Se promueva en la formación de jueces, defensores y fiscales, nociones sobre derechos humanos de las mujeres y niñas,

•    Se garantice el respeto y la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

•    Se elimine discriminaciones subsistentes en derecho de familia, género, sociedad conyugal, patria potestad, cuidado personal, apellido y castigo físico de hijos.

•    Se erradique la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes de ISAPRES.

•    Se generen iniciativas que permitan avanzar en la igualdad en el ámbito de la participación política, de especial modo en el Congreso, en los municipios y en el servicio exterior.

•    Se adopten medidas que aseguren la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en lo referente al acceso, desarrollo y remuneración de las actividades laborales.

La violencia contra las mujeres constituye un abuso contra los derechos humanos cuya responsabilidad corresponde a los Estados. Amnistía Internacional seguirá exigiendo a los actores nacionales e internacionales que rindan cuentas por estas violaciones. Con tu ayuda podemos seguir presionando a los Estados y a la comunidad internacional a que garanticen a las mujeres y niñas el acceso a los derechos y a los servicios en condiciones de igualdad.

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Sergio Laurenti
Director Ejecutivo, Amnistia Internacional - Chile