El Gobierno aprobó un Código de Buenas Prácticas que preveía tres fases (reestructuración, quita y dación en pago); suspendió los desahucios para los colectivos extremadamente vulnerables impidiendo que se produjeran lanzamientos durante dos años sin que tuvieran que pagar nada en dicho período, y creó un Fondo Social de Vivienda para los que ya hubieran sido desahuciados.
Sin embargo, la medida más sonada ha sido la futura
ley de protección a los deudores hipotecarios. El ejecutivo sacó adelante el Proyecto de Ley procede del RDL 27/2012 aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros y refundido después con polémica con la Iniciativa Legislativa Popular sobre dación en pago -
sus propios impulsores trataron de retirar su texto del documento que salió de la Comisión de Economía- y que a continuación aprobará el Senado para entrar en vigor previsiblemente a mediados de mayo.
Con todo ello se han creado y modificado requisitos para acceder a reducciones y límites en los intereses de demora; se tratará de garantizar la independencia de las sociedades de tasación; se limita a 30 años el plazo máximo para solicitar una hipoteca para una residencia habitual; se prevé un novedoso sistema de quitas si aún queda deuda pendiente tras la subasta; se estipula que la tasación de la vivienda a efectos de la subasta no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación en el momento de la escritura, y, atendiendo a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, se incluirá la posibilidad de paralizar un desahucio si hubiera cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Estas son algunas de las claves de las medidas adoptadas que pueden ver en profundidad
pinchando aquí (pdf).
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