Mazazo judicial a los Ayuntamientos: el Constitucional les cierra (un poco) el grifo del impuesto de plusvalías

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad anular parcialmente la regulación del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo, entre 1 y 5 años.

El solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implicaba necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se hubiera producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se hubiera producido un decremento del mismo. Algo muy habitual en los años de la crisis.

Esto impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica”, señala en Tribunal apelando al artículo 31.1 de la Constitución Española.

La sentencia reitera extiende así para toda España la doctrina establecida anteriormente en dos sentencias referidas a Gipuzkoa y Álava.

Según datos del sector y del Ministerio de Hacienda recogidos por RTVE, la sentencia podría afectar a más de medio millón de personas, que podrían reclamar si abonaron el impuesto en los últimos cuatro años, y causar un perjuicio en las arcas consistoriales que sólo en el año 2015 recaudaron 2.677 millones de euros en concepto de plusvalías.