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Los parlamentarios, de diversos partidos de oposición, fueron cesados en sus funciones el pasado 7 de marzo, por el Tribunal Supremo Electoral, por una supuesta interferencia a la convocada consulta popular que se realizó el 15 de abril.   La salida de los diputados provocó la más grave confrontación de poderes, que hasta el momento ha enfrentado el régimen de Rafael Correa Delgado.   Los ex integrante del Tribunal Constitucional que estuvo en funciones hasta el pasado mes de abril, restituyó en el cargo a los 57 diputados, sin embargo, estos no lograron reasumir funciones por la precipitada destitución del TC por parte del Congreso.
  La decisión de los actuales  vocales del TC se basó en que el recurso de amparo concedido por un juez con anterioridad careció de jurisdicción ya que el juez del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, no estaba autorizado a tramitar ninguna decisión que se adoptó en Quito, como fue el caso del organismo electoral.

 Sobre la resolución de restitución de los 57 ex diputados, adoptada por el anterior Tribunal Constitucional, se señaló que la misma no surtió ningún efecto, por lo que no fueron nunca reintegrados los mencionados ex legisladores, quienes con esta decisión del organismo quedaron definitivamente fuera del Congreso Nacional.