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La resolución de  la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, de establecer una multa por más de 300 millones de pesos (alrededor de 680 mil dólares) al empresario  y político chileno Sebastián Piñera por estimar que vulneró “la prohibición de comprar acciones que la ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada”, ha despertado una fuerte controversia en el escenario político chileno.
 
Dicho esto, en pocos minutos comenzaron a sentirse en el escenario político chileno condenas de gente escandalizada, suspicacias de quienes buscan aparecer objetivos y entusiastas condenas de quienes encontraron municiones para sus posiciones políticas, en definitiva satisfechos, por distintas razones, del embate contra las aspiraciones presidenciales de Piñera.
 
Pero en esto se debe ir más allá de la resolución que condena con razón una práctica impresentable.
 
Sin duda, es indispensable transparentar las relaciones entre política y negocios, aunque más bien se debiera hablar de poder y política, siendo la política el mecanismo para enjuiciar o para hacerse con el poder.
 
De plano, diremos que aquí no hay ingenuidad posible y, mucho menos, hipocresía o cinismo.
 
La política es una actividad seria, honesta, necesaria, porque es ni más ni menos, la actividad social mediante la cual las comunidades se ordenan, se gobiernan, se orientan hacia sus objetivos, defienden sus intereses, establecen y luchan por sus demandas.
 
La democracia, por ejemplo es una obra de la política en su camino de perfeccionamiento del sistema social, que se ha caracterizado por abrir espacios a cada vez más sectores de la sociedad hasta ayer excluidos, no sólo de las decisiones sobre su presente, sino también de su futuro.
 
Precisamente de eso se trata. Y yo no excluiría a un Piñera, por el mero hecho de ser empresario, el tercer hombre más rico de Chile  y el 799 del ranking  de la revista Forbes entre los más ricos del mundo, con una fortuna de 1.200 millones de dólares.
 
El ser un empresario exitoso, con una fortuna más que considerable, de por sí no constituye un desmérito para la actividad política, aunque tampoco constituya ese hecho un mérito especial y mucho menos una condición.
 
Aunque claro, tener 1.200 millones de dólares facilita las cosas, por decirlo de manera eufemística.
 
Y por aquí vamos acercándonos a la esencia del asunto. Todos tiene derecho a ser actores de la política, y ese reconocimiento es parte de una verdadera concepción democrática, aunque a veces duela.
 
Sostengo que cualquier persona de cualquier sector social económico, profesional, tiene el perfecto derecho de dedicar su vida al ejercicio de la política, y sólo podremos enjuiciarlo si hace uso perverso, corrupto, o mentiroso  de las palancas, conocimientos y posibilidades que la da el ejercicio del poder.
 
El tener dinero o ser un profesional de las armas, por ejemplo, sólo puede hacer reglamentar su acceso, pero nunca inhabilitar. Lo que importa es que tal o cual característica no constituya una ventaja abusiva.
 
Así, parece perfecto que un Piñera, como antes un Alessandri, o quizás un Larraín,  un Claro, un Edwards, por nombrar algunos ejemplos, puedan ejercer un cargo de representación popular.
 
Y no cabe dudas que las rasgaduras de vestidos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en torno a su aliado Sebastián Piñera, por su calidad de empresario, tiene que ver más con el deseo de  desbancarlo y, una vez más, obligarlo a renunciar a su pertinaz ambición de poder presidencial, a favor de un abanderado propio, un populismo primitivo que busca votos en capas despolitizadas y presa fácil de la demagogia.
 
Lo cierto es que Piñera debe resolver su problema judicial en los tribunales  y responder por su caso. Y sin duda ya el tema está afectando su imagen ética.
 
Al mismo tiempo, hay que  dejar de judicializar el tema de su aspiración de ejercer sus derechos políticos. Ello podría convertirle en víctima y ya se sabe que el sentimiento colectivo popular tiende a hacer de la víctima un mártir y un mesías.
 
Lo necesario es que la verdadera democracia sea cada vez más profunda, amplia, sin exclusiones, pero también transparente.
 
Lo verdaderamente preocupante es que, en primer lugar, los mismos que hoy claman al cielo por la calidad de empresario de Piñera cuentan en sus filas, en sus directivas y entre sus diputados y otros cargos de representación popular, a conocidos y acaudalados empresarios.
 
Pero además, saben que  se trata de argumentaciones sin mayor  efectividad ni perspectivas en la política real, porque se sabe que los empresarios y sus organizaciones se cuentan, por sí mismos, entre los principales, permanentes e influyentes políticos del país.

Por otro lado, precisamente y hasta hoy, en pleno siglo XXI, estos mismos señores, que se han creído dueños, en la historia y en el presente, de la historia y las haciendas, niegan el derecho a ejercer la política, a aspirar a ser representantes populares, diputados, senadores o Presidente de la República, utilizando diversos y hasta deleznables pretextos a dirigentes sindicales; y a un sector político -la izquierda comunista- cuyas existencia, influencia y méritos en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet no presenta dudas, aunque por cierto pueda haber diferencias  con su política.
 
Cierto es que el poder del dinero puede ejercer un peso  abrumador sobre  las campañas políticas, la propaganda, la compra de influencia, los mecanismos  político-electorales, de manera que el Estado, que según dicen debe tender al bien común, debe garantizar por lo menos condiciones equitativas para todos.
 
La legislación que controla la relación del dinero y la política, sin duda es un avance en esta dirección, pero se puede y se debe avanzar aun mucho más en la profundización y ampliación de la democracia.
 
Es por eso que los políticos de la derecha chilena, que a veces van más allá que la Unión Democrática Independiente y el partido Renovación Nacional, deberían más bien comprometer su voto y tener la voluntad de terminar con el sistema electoral binominal, dejado por la dictadura para impedir que un sector de chilenos tenga acceso a la vida política.
 
Ahí sí podrían entender que los chilenos tienen una auténtica vocación democrática. Y que no se manejan por consideraciones politiqueras y de coyunturas.

*Marcel Garcés Periodista