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Al respecto exponemos algunas versiones tanto de los voceros del Gobierno central, cuanto de sus opositores.

“El Gobierno Nacional anunció hoy -ayer miércoles 7 de marzo- que hará respetar y cumplir la Ley y, por lo tanto, la resolución adoptada por el pleno del Tribunal Supremo Electoral en la que se establece la destitución de sus cargos y suspensión de derechos políticos durante un año para 57 diputadas y diputados del Congreso Nacional. Expuso a la prensa nacional e internacional, Mónica Chuji, Secretaria de Comunicación.

El Ejecutivo señaló que respeta estrictamente el Estado de Derecho y destacó la absoluta inconstitucionalidad de las resoluciones del Parlamento aprobadas el pasado 6 de marzo y mediante las cuales se pretendió “sustituir” al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta.

El Gobierno Nacional indicó que la actuación llevada a cabo por el organismo electoral se ajusta a la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 155, letra e), que señala que “serán reprimidos con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos por el tiempo de un año […] la autoridad, funcionario o empleado público extraños a la Organización Electoral que interfiriere el funcionamiento de los organismos electorales”.