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El Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) ha planteado el aumento de aranceles en 567 subpartidas arancelarias con el objetivo de “proteger la producción agropecuaria e industrial”.

El plan del Gobierno nos lleva a recordar el modelo de sustitución de importaciones que se implementó en décadas pasadas, con el fin de promover el crecimiento de la industria nacional. Esta estrategia tuvo un estruendoso fracaso en aquella época y con mayor razón fracasaría en la época actual, caracterizada por la liberalización de los mercados internacionales.

De la experiencia vivida, sabemos que el proteccionismo arancelario fomenta monopolios internos, reduce la calidad de la producción nacional, aumenta los precios y se transforma en un incentivo directo al contrabando. El incremento arancelario representará una recaudación adicional de unos millones al año y afectará, en el corto plazo, a los consumidores. Estos deberán enfrentar mayores precios y, eventualmente, reducir su bienestar debido a un menor consumo.

Por otro lado, los niveles de competitividad de la economía en su conjunto se verán afectados, ya que la medida busca beneficiar a sectores que de otro modo tendrían que optimizar sus modelos de producción y reducir precios para competir. Esto afecta nuevamente al consumidor tanto en precio como en calidad y sobre todo se le resta la opción de elección.

Se deben incentivar la producción y la inversión nacional mediante otras medidas como un control efectivo al contrabando o desgravación y apertura a largo plazo de mercados como el estadounidense, que brinden las posibilidades de expansión y competencia. No obstante, las medidas más importantes son generar la estabilidad y la seguridad que permitan planificar, invertir y generar empleo.

De todas formas sería injusto criticar el pretendido incremento arancelario para productos terminados, y dejar de reconocer el acierto de la disminución de gravámenes para los insumos importados para producción nacional, medida que definitivamente ayuda a la competitividad del sector productivo.

Director del Centro de Estudios y Análisis
Cámara de Comercio de Quito