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Se trata de un vuelco al panorama laboral del país, en el que el Estado deberá asumir un papel protagónico central.

Todo el país mira esta semana hacia Montecristi, dada la agenda de temas a tratar anunciada por la presidencia de la Asamblea Constituyente: debate de artículos constitucionales sobre principios ambientales, garantía y seguridad; la agresión a nuestro país por parte del gobierno y las Fuerzas Militares de Colombia y  sobre el trabajo, la planificación y el Mandato 7 que elimina la tercerización laboral.

Pero es este último tema el que deberá ocupar la máxima atención de la opinión pública en general, y de los empresarios y trabajadores en particular, incluyendo los del sector público.

El destino de no pocas actividades económicas está en juego, y también la posibilidad de reactivar con rapidez y eficiencia un aparato productivo muy golpeado por un invierno implacable.
 
Evidentemente se trata de un vuelco al panorama laboral del país, en que el Estado deberá asumir un papel protagónico. Y es que podría agigantarse aún más, lo que llevaría a un replanteo de sus tareas, manejo de recursos y eficiencia administrativa, áreas en que deberá pasar un examen en el que antaño nunca salió airoso.

Esta semana, sin dudas, podría resultar decisiva. Las reuniones frecuentes y prolongadas del líder de Alianza País con sus asambleístas parecen dinamizar el trabajo de la Asamblea Constituyente, y ahondar y rectificar propuestas que no se avienen al momento estratégico que actualmente vive la llamada “revolución ciudadana”.

Por lo pronto, es un hecho de vamos hacia una economía planificada en la que el Estado será en gran patrón, pródigo repartidor de recursos y “sabio” planificador de los destinos de toda la sociedad.