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Mientras la atención del país se dirige principalmente a la inauguración de los Juegos Olímpicos en China, el Gobierno y la Asamblea acaban de dar uno de los puntillazos más graves a la vida de municipios, consejos provinciales, entidades autónomas, etc., al poner en vigencia la llamada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que, según denuncia el Municipio de Guayaquil, paraliza totalmente la contratación de obras y servicios públicos de municipios y demás entidades estatales.

Lo más grave en la decisión gubernamental radica en que, hasta que se dicte el reglamento y las normas de aplicación de esta ley, un proceso que tomará algunas semanas o meses, los municipios, fundaciones, consejos provinciales, universidades y demás organismos del Estado, deberán congelar la contratación de obras y servicios y la compra de materiales, insumos y medicinas necesarios para su gestión.

Es previsible que esta total parálisis del sector público se producirá, pues, además de las normas que debe expedir el presidente, se deberá conformar una nueva entidad burocrática, el Instituto Nacional de Contratación Pública, organismo creado con esta ley. A más de lo anterior, resulta sumamente grave que, en la ley mencionada, se permita, a título de emergencia, contratar a empresas extranjeras sin que necesariamente estén domiciliadas en el Ecuador y presenten garantías. ¿Será este el caso de la argentina Enarsa, seleccionada a dedo para el proyecto de Coca-Codo-Sinclair?