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Revuelo inusitado ha causado la resolución presidencial de que el sector público utilice una compañía de seguros propia y establecer también un fondo de contingencias llamado autoseguros, con el que se financien todos los riesgos del sector público, en vez de pagar millonarias primas con oscuros trámites, poderosos tramitadores y misteriosos beneficiarios.

El estado ecuatoriano, desde hace algunas décadas, ha venido acaparando actividades empresariales casi ilimitadas. No hay sector donde el Estado, las Fuerzas Armadas, los Organismos descentralizados, alcaldías y prefecturas hagan de todo: camarones, aviones, puertos, telefónicas, energía eléctrica, transporte, banca; tanto, que podemos concluir que somos el país más estatista de América.

Frente a esta realidad, el estado está plenamente facultado para monopolizar los seguros, bajo la promesa formal de que al venderse el Banco del Pacífico no se transferiría su compañía de seguros, porque sería realmente irrisorio que se lleven este monopolio.
 
No son válidas las afirmaciones sobre limitaciones legales, peor la del patrimonio técnico, por ser una empresa estatal, ya que tampoco es un gran descubrimiento, porque existen en algunos países.

Los asesoramientos para reaseguros, corredores y ajustadores sobran y la lista de siniestros no satisfechos en el país es infinita y según datos oficiales las primas de seguros pagadas por el sector público en los últimos 10 años no llegan ni al 7% del pago por siniestros. Es decir, es un negocio precisamente tan, tan seguro, que sólo puede estar en manos del Estado