
Ante la incautación de 195 propiedades de los ex dueños del Filanbanco, entre ellas tres canales de televisión, resulta necesario diferenciar un doble aspecto. Por un lado, el plano técnico-jurídico: la AGD ordenó la incautación de 195 bienes en los cuales la familia Isaías tiene la propiedad directa o indirecta para recuperar los valores que, según la Agencia, deben los antiguos accionistas de Filanbanco, y que alcanza entre 0 y 0 millones. Esos bienes deben ser rematados para recuperar tales valores.
Por otro lado está la peligrosa posible violación a la libertad de expresión, si el Gobierno utiliza esos canales para impedir el libre ejercicio de esta, obstaculizando que sus noticieros trabajen en total libertad, o influyendo para que difundan propaganda o información manipulada por las entidades estatales, riesgo mayor cuando el país se halla a inicios de campaña para el referendo.
Hay que demandar al Gobierno que se ciña al debido proceso jurídico en lo que respecta a la incautación y que, a la par, garantice el respeto a la libre expresión y difusión del pensamiento en los noticieros de los canales incautados. Además, por estar ad portas de la campaña electoral en la que el Gobierno trata de lograr la aprobación del proyecto de Constitución que debate la Asamblea, se debe exigir que, en tanto esos canales se hallen en el proceso de incautación en manos de organismos estatales, el Gobierno se comprometa a no utilizarlos para publicidad directa o indirecta en favor de sus tesis o programas.
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