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Un grupo de asambleístas de la bancada oficialista y otros de la oposición se congratulaban en el pleno de la Asamblea por haber conseguido el voto mayoritario para que se impusiera la propuesta del ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, a fin de no interferir en la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, por el portillo del régimen de transición, se introdujo la decisión contraria, promovida por César Rodríguez, para cambiar a los magistrados de la Corte: los 10 con mejores calificaciones permanecerán mientras se conforma el nuevo Consejo de la Judicatura. Este completará la designación de los magistrados de la nueva Corte Nacional de Justicia. Es previsible que esa integración sea fuente de injerencias partidistas.

No obstante, el control político de la Justicia en el proyecto de nueva estructura constitucional cuenta con un nuevo supremo poder: la Corte Constitucional. Entre sus facultades constan las de revisar las sentencias de la justicia ordinaria de la ex Corte Suprema, que pierde la condición de tal, y queda en corte Nacional de Justicia. Será difícil evitar que no se genere una avalancha de revisiones, en una suerte de cuarta instancia.

La forma de elección permite al Ejecutivo tener la sartén por el mango en la Corte Constitucional: los integrantes de esta serán elegidos por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y del nuevo poder de Control Ciudadano, con fuerte injerencia gubernamental. La elección se hallará en manos del presidente.