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Presidente Correa, usted, que a menudo se lamenta por el modo en que la prensa supuestamente distorsiona sus palabras o las de sus allegados, nos acaba de dar una verdadera clase de lo que significa cambiar el sentido de una declaración. Pues, en relación a la inquietud que a muchos nos causa el hecho de que su gobierno, en plena campaña, haya incautado tres importantes canales de televisión, usted ha dicho: “Ahora resulta que incautar bienes a banqueros que quebraron al país, pero ellos siguieron prósperos, es atentar a la libertad de expresión”.

No, señor Presidente, el asunto no va por ahí y usted lo sabe. Nadie se opone a que los banqueros que hayan cometido peculado respondan con sus bienes ante a los perjudicados. Las protestas mayoritarias tampoco se refieren a si la incautación siguió o no el debido proceso judicial (aspecto que también merece ser analizado). Lo que nos inquieta es que su gobierno, que ahora controla esos canales, aproveche su amplia sintonía para inducir a la gente a votar Sí en la próxima consulta popular.
 
Usted sabrá reconocer que a nuestro temor no le faltan fundamentos. Después de todo, los dieciocho meses que usted lleva en su cargo se pueden resumir en dos palabras: campaña electoral.

Las recientes declaraciones del ministro Patiño tampoco ayudan a disipar nuestras sospechas. En relación a los canales incautados, él ha dicho que “el Gobierno Nacional tiene derecho a tomar las iniciativas que quiera”, que no se descarta hacer algunos “elementales cambios” a la línea editorial de esos medios y, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno compre esos canales, Patiño ha dicho que, “como cualquier ciudadano, (el Gobierno) tiene el derecho de hacerlo”.

¿Pero el fin de la incautación no era devolver el dinero a los perjudicados por la quiebra de Filanbanco? Si es así, ¿qué sentido tienen esos “cambios elementales” a la línea editorial de los canales? O, lo que no es menos preocupante, ¿cómo se pretende compensar a los perjudicados si el Estado termina apropiándose de los bienes incautados? ¿Con fondos públicos, acaso? Ojalá que no. Pues eso sería una acción muy similar al tan criticado salvataje bancario, ¿o no?