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La credibilidad y la confianza se pierden sin remedio cuando los políticos prometen algo que, luego de estar en el poder, no cumplen, no importa cuál sea la causa. Los asambleístas, algunos con aspiraciones electorales abiertas o encubiertas, están experimentando en carne propia esa tragedia. Cada día que pasa, las encuestas les son más desfavorables y los “pecados” atribuidos por sus miembros al Congreso que ellos cesaron, se ciernen letalmente sobre la Constituyente.

El último fiasco de los asambleístas a escala nacional es el del Mandato 10 que daba la posibilidad de conservar el número de celular, pese a cambiar de proveedor. Se aprobó con mucho ruido publicitario en medio de un período de estrepitosa caída de la popularidad de la Asamblea. En 120 días se debía elaborar el Reglamento y en 270 días implementarse la tan cacareada portabilidad numérica.
 
Un “jarro de agua fría” les acaba de caer encima a los entusiastas “legisladores”, luego de reunirse las operadoras de telefonía celular (una de las cuales es estatal) en la Senatel. La portabilidad numérica tiene un alto costo y se necesitarán dos años para montar la plataforma tecnológica que permita mantener un buen servicio.

Por añadidura se habla del gasto que esto significaría para los usuarios de este servicio. ¿No hubiera sido más aconsejable asesorarse primero, estudiar el asunto, ver sus costos y tiempos de implementación, antes de decidir su ejecución inmediata con fuerza de ley? La esperanza que pusimos todos en Montecristi, hechos como éste la hacen naufragar. A los “plenos poderes” los legitima, sin duda, el uso correcto que se les den.