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La catarata de promesas hechas por el economista Correa desde su primera campaña para llegar al poder ha girado alrededor de un cambio en la estructura del Estado y sus instituciones, que debía ser diseñado por la Asamblea Constituyente y plasmado en una nueva Constitución, que sustituya a la que estuvo vigente hasta el 29 de noviembre de 2007, en que el Mandato 01 tiró al tacho de basura.

Para lograr tal procedimiento, se había ya sometido en abril del mismo año a una consulta popular la posibilidad de que "se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el Estatuto Electoral, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución".

Y ya, desde entonces, se estaba sembrando de trampas el camino para el modelo de Estado que Su Majestad y sus asambleístas pretenden imponer.

Efectivamente, en el último párrafo del Artículo 1 del Estatuto incorporado a la papeleta de tal consulta, se dijo que el texto de la nueva Constitución será "aprobado" mediante referendo "aprobatorio".

El Artículo 2 termina señalando que la Asamblea Constituyente solo se disolverá cuando la nueva Constitución sea "aprobada" en referendo. Y, por último, el Art. 23 del Estatuto tiene como título: Referéndum "Aprobatorio".

Cualquier estudiante de Derecho sabe que existen dos especies de "consultas populares": 1) el "plebiscito", que es la consulta a la ciudadanía pidiéndole definiciones sobre cuestiones de trascendental importancia, sin un texto legal redactado, y que, después del resultado, requiere de una serie de procedimientos para su cumplimiento; y 2) el "referendo", que es la consulta popular sobre textos concretos constitucionales o legales que, si es que son aprobados mayoritariamente, se promulgan en el Registro Oficial.

Por tanto, si se actuara con honestidad política e intelectual, y con respeto a la ciudadanía, no debió nunca el Gobierno inducir subliminalmente (o tan descaradamente), ni el Tribunal Supremo Electoralb aceptar, el mensaje de que el resultado del referendo será "aprobar" en las urnas la nueva Constitución, que se pretende imponer… sin vergüenza alguna.

Y lo lamentable es que la sutileza del mensaje gubernamental es de tal contundencia que la mayoría de los medios de comunicación, periodistas, reporteros, locutores, presentadores de noticias, entrevistadores y hasta editorialistas difunden esa trampa del Gobierno, sin darse cuenta de que el referendo… no es "aprobatorio".