DIARIO HISPANO ECUATORIANO

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La Asamblea Constituyente debatirá hoy el proyecto de Mandato para reestructurar la Corte Suprema de Justicia. Si se concretan las intenciones de algunos asambleístas del Gobierno para la remoción y nombramiento de magistrados, se daría un golpe tan duro a la institucionalidad jurídica del país como el que se dio durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez cuando se destituyó a los integrantes de la Corte Suprema y se designó a los integrantes de la “Pichicorte”.

El país vivió después casi un año con la Función Judicial en acefalía: se represaron en ese lapso más de 5 000 juicios en esa instancia.

En un difícil proceso con participación de veedurías nacionales e internacionales se logró integrar otra vez la Corte Suprema de Justicia.

Resulta contradictorio que, por un lado, se aprueben principios generales que constarán en el proyecto de nueva Constitución en cuanto a la Justicia, como los de la unidad jurisdiccional, la gratuidad, la oralidad y, al mismo tiempo, se presente un proyecto que afecta al principio básico de la independencia de la Función. La depuración judicial debe respetar la independencia.

La coherencia debe también exigirse a la Asamblea en otros aspectos: no la hay si, por un lado, se establece el principio de la unidad jurisdiccional y se aprueba, por otro, un Tribunal Contencioso Electoral.

¿No sería más coherente que la justicia electoral se ejerciera, por ejemplo, por medio de una sala especializada de la Corte Suprema?