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En los tiempos en que había un Congreso Nacional, con la presencia más o menos visible de una oposición organizada, el régimen correista se vio en la necesidad de declarar estados de emergencia en los más diversos sectores.

Así podía librarse de las “engorrosas” licitaciones, para adjudicar la construcción y reparación de carreras, puentes y numerosas obras. Fue entonces el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el principal beneficiado.

Luego el parlamento eclipsó —gracias a sus propios errores y a las hábiles maniobras gubernamentales—, y sus tareas fueron asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente, excepto la de fiscalizar con rigor y hacer rendir cuentas al Ejecutivo con energía y transparencia de sus actuaciones. Pero el presidente Correa y su gabinete siguieron echando mano al recurso de las emergencias, para continuar asignando obras a dedo.

En virtud del manejo que hace de su mayoría absoluta en la Asamblea, sin ningún recato los concursos han pasado a ser cosa de la tormentosa historia de la larga “noche neoliberal”. Detrás de los “plenos poderes” del cuerpo constituyente, hay otros “plenos poderes” que entregan obras gigantescas y de costos millonarios a empresas nacionales y extranjeras, según su criterio y simpatías.

Se comienza a echar de menos a los organismos de control y fiscalización del Estado, y quien clama por su intervención es tachado de mal asesorado, ser mal intencionado (en el mejor de los casos), y hasta de poco patriota, si es que no se le ridiculiza y cubre de improperios. Una peligrosa política que, tarde o temprano, pasará cuentas al país.