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Con la nueva Constitución, el Presupuesto para 2009 deberá sujetarse a las nuevas normas legales. Los primeros 90 días de su gestión, el Ejecutivo tiene la obligación de presentar a la Asamblea Nacional la Pro forma Presupuestaria anual.

Según el Observatorio de la Política Fiscal, las reformas previstas en la Constitución tendrían un costo de 700 millones. Si el Gobierno no quiere dejar solo en el papel los incrementos anuales del 0,5% del PIB para educación y salud, los costos del seguro social universal obligatorio que debe financiar el Estado, la extensión de los beneficios de la seguridad social a los desempleados, la ampliación del aparato burocrático, entre otros gastos, necesitará un cuantioso financiamiento presupuestario, que no estuvo en el horizonte de ofertas constitucionales de Montecristi.

Las dificultades serán mayores si cae el precio del petróleo por debajo de los por barril, el precio que de forma poco prudente el Gobierno tomó como referencia para el cálculo presupuestario de 2009.

Por un lado está la necesidad de cumplir las disposiciones constitucionales y, por otro, las limitaciones de la realidad. Y se halla la necesidad, sobre todo, de que sea sustentable en el tiempo el financiamiento de la nueva Constitución. La distancia que media entre los enunciados y la realidad se evidenciará a la hora de ajustar las previsiones presupuestarias a la nueva realidad constitucional. La Pro forma será una prueba de fuego.