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Según el nuevo proyecto de constitución, el rol del Presidente de la República, adquiere un peligrosa concentración de poder en el manejo de la economía, ya que la reforma plantea que el Poder Ejecutivo sea juez y parte en la elaboración y ejecución de la Política Fiscal, Monetaria, Tributaria y de Comercio Exterior.

Esto no es conveniente a los intereses del País, ya que el Gobierno Central, se maneja fuertemente influenciado por decisiones y presiones, políticas que en la gran mayoría de ocasiones no son compatibles con decisiones técnicas de largo plazo que beneficien de manera real a la población.

Como en la mayoría de países, las decisiones de manejo de políticas económicas a largo plazo, deben ser manejadas por un organismo técnico y aislado de la coyuntura política.

Otro tema que llama la atención es que el proyecto Constitucional en sus artículos 335 y 336 le da absolutos poderes al Gobierno Central, entiéndase Presidente de la República, para establecer qué actividad productiva o comercial no cumple con su criterio subjetivo de comercio justo.  Es decir, el Gobierno Central, sería el ente que juzga y decide subjetivamente si las prácticas de alguna empresa están acorde a lo que es justo de acuerdo al criterio de la persona que en ese momento esté en el poder y tiene total potestad para sancionar a las empresas que compitan deslealmente si así fuera el caso.

Adicionalmente, la reforma Constitucional en los artículos 313 y 315, propone que la gestión y manejo de los sectores estratégicos sea de decisión y control exclusivos del Estado, lo que a su vez significa una limitación radical de las actividades del sector privado en este ámbito y propone un Estado administrador con un sinnúmero de empresas públicas muy a pesar de que históricamente se ha demostrado que la concentración de poder económico facilita actos de corrupción y que el Estado es un administrador deficiente

Director del Centro de Estudios Y Análisis de la Cámara de Comercio de Quito