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Una crisis permanente, con sus altos y bajos, ha caracterizado a la institucionalidad boliviana. La que atraviesa en estos momentos el Gobierno del presidente Evo Morales tiene, sin embargo, un factor nuevo que la hace diferente de las anteriores: la oposición de un importante sector geográfico y económico del país a plegar a un modelo de desarrollo diseñado y tratado de poner en ejecución por el Gobierno actual. Es imposible un diagnóstico "neutral" con respecto al señalamiento de las causas que han llevado al país a una contradicción casi trágica: el nivel de vida paupérrimo de una parte de sus habitantes y la riqueza de sus recursos naturales sobre la que está asentado y que debiera proporcionar una vida digna a sus ciudadanos. Un sector dirá que esa pobreza es resultado de la acumulación de los sectores oligárquicos en desmedro de las mayorías populares; otro, que nunca se ha implementado un modelo económico acorde con las exigencias del mundo contemporáneo.

El Gobierno del presidente Morales ha intentado llevar adelante un modelo centralista en lo político y en lo económico. Una parte de los ciudadanos bolivianos, los que están asentados en lo que se conoce como la "media luna" del territorio nacional, no está de acuerdo con él y ha alzado su voz de protesta, que ha causado muertos y heridos, saldo lamentable, pero no inédito en los conflictos que periódicamente sacuden al Estado boliviano. La única salida posible es el diálogo que debe permitir las diferencias. Como señalaba Fernando Mires en su libro Civilidad. Teoría política de la posmodernidad: "El ideal del estado que lamentablemente ha prevalecido durante todo el período de la modernidad es el homogeneizador, es decir, el estado que pretende anular e incluso combatir las diferencias".

En este sentido, el apoyo a la institucionalidad boliviana pasa por el respeto a las diferencias y por el diálogo entre los diferentes actores sociales. Eso es lo que se espera haga la Cumbre de Unasur, que ha tomado ese protagonismo en lugar de la OEA.

Pero sí se justifica hablar de una nueva crisis para lo que está sucediendo en Bolivia actualmente, no resultan admisibles las consecuencias de la misma que intenta sacar el presidente de Venezuela y que no llegarían más que al alboroto. La expulsión del embajador de los EEUU a nombre de un supuesto complot para derrocar al presidente Chávez repite libretos conocidos. Y peor si los presuntos conspiradores son militares en retiro, precisamente cuando el Departamento del Tesoro de los EEUU acaba de poner en la lista negra a tres figuras de primera importancia del régimen bolivariano acusados de financiar a las FARC. Y cuando las revelaciones del caso del "maletín" que implicarían al Gobierno de Chávez con el financiamiento de la campaña presidencial de la ahora presidenta Kirchner se vuelven cada vez más claras.

Es indispensable separar por tanto, en el caso boliviano, la crisis que está atravesando el país y que requiere diálogo con una conmoción regional cuya solución dependería del presidente Chávez.

Artículo tomado del diario Hoy