El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González fue detenido ayer en el marco de la Operación Lezo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública que el exdirigente popular presidió entre 2003 y 2012. El juez investiga posibles delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Pero además de González fueron arrestadas otras 11 personas y durante el día de ayer se practicaron más de 30 registros en diferentes empresas y domicilios de Madrid y Valencia.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante todo el día tanto el domicilio como el despacho de González. El registro del despacho, que se prolongó más de 5 horas, terminó pasada la una de la madrugada y el expresidente madrileño fue trasladado a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, donde pasó la noche.
La investigación se centra en la compra fraudulenta de filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica, en otras operaciones sospechosas de venta de suelo propiedad de dicha empresa y en la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí.
Entre los detenidos figuran el hermano del ex presidente madrileño, Pablo González, y su cuñado, José Juan Caballero, integrantes de un entramado familiar de empresas temporales que se beneficiaron del parentesco con Ignacio González para desviar fondos de operaciones llevadas a cabo a través del Canal de Isabel II. Entre ellas destacan Mercasa y Subastas Segre, propiedad de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
También fue detenido el consejero delegado de la empresa editora del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, que era el hombre de confianza en Latinoamérica de Ignacio González cuando presidía el Canal. Otra de las arrestadas es María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II.
Además, hay una veintena de citados a declarar por el juez como imputados, entre los que destacan el presidente de La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia Mauricio Casals y el director del diario, Francisco Marhuenda. Ambos están investigados por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades detectadas en el Canal tras una auditoría realizada por su Gobierno que implicaba a Rodríguez Sobrino.
La investigación se inició tras la denuncia de los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid de la compra fraudulenta de una empresa brasileña por parte del Canal, que previamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, llevó ante la Fiscalía.
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