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México debería "eliminar los obstáculos jurídicos a la inversión privada en electricidad, petróleo y gas", y reducir las restricciones la inversión extranjera en el país, sugirió la OCDE en su informe Objetivo Crecimiento 2007", dado a conocer este martes en Paris.

El reporte señaló que "aún existen numerosas ramas de actividad con restricciones a la inversión extranjera que obstaculizan la competencia y las transferencias de tecnología" a México.

Según los expertos de la OCDE, que agrupa a las 30 principales economías del mundo, México debería "reducir las restricciones a la inversión extranjera directa (IDE) sobre todo en electricidad y telefonía fija".

También incluyó en esa sugerencia de aligerar las restricciones existentes a "algunas profesiones (no especificadas) así como a la construcción y al sector de los transportes".

Entre las sugerencias, el informe instó asimismo a las autoridades a "revisar las modificaciones de la ley sobre los medios de comunicación, para que refuerce la competencia" en los mismos.

Otra "gran prioridad" para México, según la OCDE, es mejorar los resultados educativos en la enseñanza primaria y secundaria, a fin de impulsar el crecimiento de la productividad y la adopción de nuevas tecnologías.

Entre las recomendaciones sobre este tema, los expertos instaron a "redistribuir los recursos educativos favoreciendo la enseñanza secundaria y los gastos no salariales (los que no perciben los profesores o a los trabajadores del sector educativo)".

Instó a buscar para el gasto educativo "una mejor relación coste-eficacia modernizando aún más los programas (escolares) y tomando en cuenta los resultados para premiar o castigar a profesores y colegios con el objetivo de responsabilizarles más".

También apuntó como prioridad "mejorar el estado de derecho con más transparencia, mediante derechos de propiedad más claros y una aplicación previsible de las leyes, para facilitar las implantaciones de empresas y aumentar la inversión extranjera".

La OCDE recomendó asimismo simplificar el sistema fiscal y ampliar la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para incrementar la productividad del trabajo atenuando las distorsiones y facilitando la administración del impuesto.