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El Tribunal de Cuentas demanda más transparencia: defiende que los ayuntamientos tengan que rendir cuentas para acceder a ayudas

El Tribunal de Cuentas demanda más transparencia: defiende que los ayuntamientos tengan que rendir cuentas para acceder a ayudas

> El organismo realiza esta petición tras prometer más transparencia ante las acusaciones por 'enchufismo' dentro del propio Tribunal

lunes 04 de agosto de 2014, 17:43h
El Tribunal de Cuentas ha pedido reformas legales para que la rendición de cuentas en los ayuntamientos sea "un requisito indispensable". Tras sufrir acusaciones por una supuesta red de 'enchufes familiares', el organismo endurece sus criterios externos y acusa al 35% de las entidades locales de no presentar sus cuentas generales en el plazo establecido.
En su 'Informe de fiscalización del sector público local' de 2012, el Tribunal de Cuentas señala que sólo el 65% de los ayuntamientos rindieron las cuentas correspondientes a dicho ejercicio. Este porcentaje es superior al del año anterior, pero el organismo considera que aún "continuar avanzando" hasta cumplir plenamente la norma.

Una de las medidas que propone la institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda es vincular la rendición de cuentas al acceso de ayudas y subvenciones. También han señalado a las comunidades cuyos ayuntamientos tienen un menor grado de rendición de cuentas. A la cabeza se sitúa Andalucía con solo un 49% de cumplimiento, seguida por Castilla La Mancha, con un 70%.

Por el contrario, Baleares y Cantabria son las más cumplidoras, según el organismo, con porcentajes cercanos al 100%, mientras que comunidades como Aragón, Galicia y la Rioja superaron el 90%.

El documento también apunta como algo positivo que la media de tiempo que se retrasan los ayuntamientos en la presentación de sus cuentas ha mejorado, situándose en 47 días en 2012. El organismo recomienda "regular plazos generales más breves" y homogéneos pues, según apunta, Madrid, Valencia o Castilla y León tienen plazos diferentes a los que marca la normativa nacional.

Presupuestos locales

El informe ha alertado además de que el 87% de las entidades locales prorrogaron sus presupuestos durante parte del ejercicio 2012, con un retraso medio de 87 días en la aprobación de las cuentas, un plazo que se incrementa según disminuye el tamaño de la población, asegura el organismo.

"La utilización de la prórroga presupuestaria de manera continuada durante cada ejercicio evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica", critica el documento. Además, el Tribunal de Cuentas especifica que, en el 25% de los casos, los ayuntamientos tuvieron que modificar el presupuesto a lo largo del ejercicio, sobre todo porque  ingresaron menos de lo previsto. 

El organismo fiscalizador reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, previsiones de ingresos "carentes de posibilidades reales de ser realizados", modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión a las "posibilidades financieras reales de la entidad", porque acaba generando déficit y deuda.

Otra de las recomendaciones que ofrece el Tribunal de Cuentas es la reestructuración de las entidades, e incluso, la disolución de las "mancomunidades, consorcios, entidades inferiores al municipio, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales locales" que no estén desarrollando ninguna actividad ni prestando servicio.

Estadísticas de gasto

Por otra parte,  el organismo señala que el gasto total ejecutado de las entidades por habitante ascendió a 962 euros, aunque en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se superó los mil euros por ciudadano. Según señala el documento, el 61% del gasto se destinó a gastos corrientes y personal, mientras que en la deuda se concentró el 10% del total, lo mismo que en inversiones. De hecho, con un gasto un 7% inferior al del año anterior, la amortización de la deuda fue la única partida que aumentó en 2012 (+34%).

Los servicios que más fondos consiguieron fueron las políticas de bienestar (saneamiento, aguas, basuras, limpieza, alumbrado, etc), con un 42% del total; seguido por la seguridad y la movilidad, con un 23%; y la política de vivienda y urbanismo, con el 21%. Al medio ambiente se destinó el 9% del gasto mientras que a la sanidad, educación, cultura y deporte se fue el 14%, si bien éstas son competencias eminentemente autonómicas. A la protección y promoción social (empleo, pensiones, etc) se fue el 11% del gasto, y otro 8% acabó en actividades económicas, comercio o turismo.
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