El Poder Judicial, muy tibio con el Gobierno: no considera "injerencias" sus duras acusaciones a los jueces porque las hizo a posteriori

El órgano de gobierno de los jueces ha señalado que el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial establece como requisito para admitir las peticiones de amparo que las actuaciones denunciadas no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que, además, influyan en los procesos decisionales.

En este sentido, la Comisión Permanente considera que la independencia como "presupuesto de la actuación jurisdiccional" no se puso en entredicho en la medida en que no existió riesgo alguno de que esas declaraciones influyeran en su decisión puesto que ya había adoptada.

El texto del acuerdo estima que algunas de las declaraciones públicas realizadas por los responsables políticos "carecen de una justificación mínimamente razonable y son un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia".

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. Los vocales Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, favorables a la admisión a trámite de la petición de amparo, han votado en contra. Los jueces de la Audiencia Nacional pidieron a su órgano de gobierno que pusiera fin "a las injerencias por parte del poder ejecutivo que perturban la independencia".

Los solicitantes acusaron en su escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender "perturbar" su "independencia", hacen esta petición después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recordase a los magistrados del alto tribunal que la vía adecuada es la petición de amparo.

La imputación de delitos, un límite a la libertad de expresión

En su escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces los magistrados de la Audiencia recordaban que "un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos". En este contexto, apuntaron que "sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación".

"Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial", señalaron los firmantes antes de añadir que este principio se adoptó para que jueces y tribunales no fueran "inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado".

"Reiteradas imputaciones"

En este sentido, trasladaron "respetuosamente" al Consejo que las "reiteradas imputaciones, que proceden de autoridades de las instituciones del Estado", perturban su "independencia, necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atendiendo exclusivamente a la Constitución y la ley".

Del mismo modo, apuntaron que "la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia es una de las bases esenciales del Estado de Derecho", tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "de manera reiterada" al abordar los límites a la libertad de expresión. "De ahí que la información y la emisión de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deban de minar gratuitamente esa confianza", agregaban.

Además de las "manifestaciones críticas" de los dirigentes políticos, los integrantes de la Sección Primera criticaron "el eco mediático de opiniones en prensa, televisión y radio" que les señalaron como "jueces injustos y prevaricadores" junto a la imagen de sus personas.

Críticas a los jueces

El escrito recuperaba las declaraciones que Sáenz de Santamaría realizó el pasado 5 de diciembre, en las que aseguraba que "la ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley". "Queremos decírselo también a las víctimas: esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro", aseguró.

Fernández Díaz, por su parte, señaló en una entrevista el 7 de enero que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Conforme a la ley, no podían haber tomado una decisión como esta. Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió.

Además, Hernando calificó de "injustas" estas resoluciones judiciales y afirmó: "No se entiende que en la Audiencia Nacional haya una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas".


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