La hora de la verdad para el Congreso: hoy se decide si se abre a la ciudadanía o sigue siendo hermético

   Hasta ahora, los promotores de una de estas iniciativas ciudadanas, que requieren reunir al menos medio millón de firmas en un plazo de seis meses, no tienen voz en el Congreso. Cuando se comprueba que una ILP ha cumplido los requisitos de presentación, el Pleno de la Cámara debate si la toma o no en consideración. Casi todas las presentadas hasta la fecha han sido rechazadas en esa primera votación.

   En esta legislatura, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) promovió una Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago y su tramitación fue rechazada por el PP sin que la plataforma que lideraba Ada Colau llegara a intervenir en la Cámara.

   Lo que propone el PSOE es que los promotores de esas iniciativas pueden intervenir en el Pleno del Congreso en defensa de su ILP en el debate de la toma en consideración, cuando hasta ahora en sesión plenaria sólo hablan parlamentarios, autoridades extranjeras o instituciones como el Defensor del Pueblo.

   Y si pasa ese trámite de la toma en consideración, se les permitiría intervenir una segunda vez en la comisión que debe aprobar la iniciativa para exponer su opinión sobre las enmiendas parciales que hayan presentados los grupos.

   La reforma que ahora plantea el PSOE supone un paso más que lo que los propios socialistas pactaron en enero con el PP en la tramitación de la Ley que regula la actividad económica y financiera de los partidos, que ya está en vigor.

   En esa ley se introdujo una disposición para modificar la Ley Orgánica que regula la iniciativa legislativa popular con el fin de que una persona de la comisión promotora de una ILP pueda ser llamada a comparecer en la comisión correspondiente del Congreso para explicar su propuesta "con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno".

   La proposición de ley del PSOE es la primera de las reformas parciales del Reglamento del Congreso que van a ir registrando los socialistas tras el fracaso de la ponencia encargada de la revisión global de las normas de la Cámara, que el pasado día 25 de marzo constató la imposibilidad de consensuar esta legislatura un nuevo Reglamento.