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Periodismo y 'Ley Mordaza': un año de incertidumbre, abuso de poder y sanciones por doquier

Periodismo y 'Ley Mordaza': un año de incertidumbre, abuso de poder y sanciones por doquier

> Reporteros Sin Fronteras hace balance de este año con el testimonio de periodistas afectados

jueves 30 de junio de 2016, 14:51h
Este viernes se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’. Esta norma, impulsada y aprobada por el PP, no sólo ha recibido críticas por parte del resto de formaciones políticas en España, sino que la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales han reclamado su derogación por su carácter coercitivo, arbitrario e intimidatorio para los ciudadanos y los profesionales de la información. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha hecho balance de este primer año de la ‘Ley Mordaza’ con el testimonio de algunos de los periodistas que se han visto afectados por la norma.

La bautizada como ‘Ley Mordaza’ establece hasta 44 conductas que pueden ser sancionadas con multas de entre 100 y 600.000 euros, y que además de a los ciudadanos, afectan al ejercicio de la profesión periodística, y ya se ha cobrado un buen número de ‘víctimas’. Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad -tipificados como delito en esta ley- se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior. Según indica RSF, “el balance de este primer año no puede ser más alarmante para los ciudadanos españoles, ni más lucrativo para el Estado: solo entre el 1 de julio de 2015 y finales de enero de 2016, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha saldado con cerca de 40.000 sanciones, de las cuales, más de 6.200 por faltas de respeto a las fuerzas de seguridad y unas 3.700 por desobediencia y resistencia a la autoridad. Casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos a las fuerzas del orden.

“Situaciones tan absurdas y rocambolescas, como quejarse en las redes sociales de que un vehículo de la policía local está mal estacionado o llamar ‘colega’ a un agente, le han valido multas de hasta 601 euros a ciudadanos anónimos, y los periodistas han tenido que enfrentarse a sanciones igual de arbitrarias, coercitivas e intimidatorias, por el mero hecho de ejercer su profesión”, denuncia RSF.

Periodistas afectados por la 'Ley Mordaza'

Los casos de los periodistas Esther Yáñez, Axier López y Mercè Alcocer son algunas de las víctimas, que se ha cobrado hasta ahora esta ley entre los periodistas.

Esther Yáñez, periodista de Diario Vice, ha sido sancionada con una multa de 601 euros por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse. “La sensación que tengo es de una rabia inmensa. Vivimos en un estado policial encubierto”, cuenta Yáñez a RSF. La sanción administrativa “por infracción grave” se ampara en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana.

El pasado 27 de abril, Yáñez acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”. Dos meses después, Esther Yáñez ha sido oficialmente sancionada por supuesta desobediencia a la policía y por no querer identificarse. “Es completamente falso. Expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos. ¿O es que preguntar también es un delito?”, se cuestiona la víctima periodística más reciente de la polémica ley.

El pasado 3 de marzo, Axier López, fotógrafo y reportero de la revista Argia compartió en su cuenta de Twitter unas instantáneas de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007. Este hecho transformó a Axier López en el primer periodista español multado por la ‘Ley Mordaza’. El periodista recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de una sanción de 601 euros, por subir fotografías a una red social “sin autorización”. La aplicación de la ley se fundamentó en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”.

Lejos de amedrentarse por la multa, Axier López no solo no ha procedido a liquidar la sanción, sino que, amparado en todo momento por el medio en el que trabaja, se ha transformado en uno de los periodistas más activos en contra de la ‘Ley Mordaza’, con importantes resultados. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, a mediados de abril, una declaración de condena a la normativa y respaldo al semanario Argia, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara, a excepción del PP, que votó en contra y de UPN, que se abstuvo. A principios de junio, las Juntas Generales de Guipúzcoa, con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Podemos, se comprometieron a no aplicar la normativa en la provincia, en lo que constituye el primer acto formal de desobediencia a la “Ley Mordaza”. ¿Se trasladará esta voluntad de desacato institucional a las fuerzas de seguridad en Guipúzcoa? “Es el quid de la cuestión”, responde Axier López a Reporteros Sin Fronteras, “saber si los distintos cuerpos de policía respetarán la decisión o seguirán sancionando. Al menos, estamos satisfechos porque contamos con tres compromisos claros: un rechazo público contundente a la 'Ley Mordaza', la solidaridad con los afectados si se produjeran nuevos casos y la voluntad clara de no aplicar la ley en Guipúzcoa”, añade el periodista.

El semanario Argia ampara a su periodista y está dispuesto a llegar a juicio para intentar poner freno a una de las normas más controvertidas de esta ley: el artículo 52, que concede “valor probatorio a las declaraciones de los agentes de seguridad”, es decir, que confiere a las fuerzas del orden todo el poder para acusar, sin la necesidad de que un magistrado intervenga y decida independientemente, en virtud de las pruebas que le son presentadas. “No estoy dispuesto a ceder hasta que no haya un juez de por medio”, dice López.

Su caso es similar al de Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio con una larga trayectoria en información de tribunales, también se siente “muy privilegiada y afortunada” de contar con el apoyo del medio para el que trabaja. La periodista acudió, el pasado 20 de febrero, a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol y de su esposa, Marta Ferrusola. Cuando ambos salieron a la calle, Alcocer hizo caso al primer instinto de cualquier periodista: preguntar a las fuentes. Trató de acercarse a Pujol, así como a sus abogados, pero agentes de la Policía Nacional le interceptaron el paso y le exigieron su documentación. Pese a que la zona no estaba acordonada, el mero hecho de cruzar el “perímetro de seguridad imaginario” trazado por los agentes, le valió tener que excusarse e identificarse. Cuando, posteriormente, la periodista quiso sumarse a sus compañeros en la zona habilitada para las declaraciones, los agentes se lo impidieron. “A esa, fíchala”, le dijo a un agente el jefe de la unidad policial desplegada en el lugar. A mediados de mayo, Mercè Alcocer recibía una notificación de multa de 601 euros, por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, por presunta desobediencia a la autoridad, que no piensa pagar y que va a recurrir.

“He sido el chivo expiatorio: como no soy una periodista habitual en la cobertura de la Audiencia Nacional, se han atrevido conmigo y dudo de que lo hubieran hecho con los que siempre están allí. Tuve la sensación de que mi comportamiento no gustó desde el principio al jefe de policía y que quiso marcar territorio”, explica Alcocer a RSF. La periodista se encuentra inmersa en el proceso de alegaciones contra la sanción.

“La notificación de la sanción es patética. Cuando mis abogados han pedido una ampliación de los hechos denunciados, ésta ha sido aún más patética. Hemos presentado nuestras alegaciones y somos conscientes de que no se echarán atrás, como sucede con la inmensa mayoría de las multas administrativas. Éstas solo se ganan en los juzgados y nos veremos en un juicio contencioso-administrativo”, añade la periodista.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que engloba a Catalunya Ràdio, ha respaldado desde el primer momento a Alcocer, se ha ofrecido a pagar la multa, ha puesto a su disposición a los abogados del grupo y manifestado públicamente su "rechazo ante una situación que supone el impedimento a los profesionales de los medios de comunicación del ejercicio libre de la profesión, entendida como un bien imprescindible para la salud de la democracia”.

"No es solo lo que continene, sino el clima de impunidad y abuso de poder"

En el caso de los periodistas freelance o quienes simplemente no cuenten con el respaldo de su medio de comunicación, la situación es de mayor indefensión, según explica la presidenta de RSF España, Malén Aznárez. “A mayor desprotección del periodista, mayor probabilidad de acusar los efectos de amedrentamiento y autocensura que persigue la normativa. El valor probatorio que concede la ley a los agentes de las fuerzas de seguridad hace que todos los casos se transformen en la palabra de un periodista contra la palabra de un policía. Es obvio quién tiene las de ganar”, sentencia.

La ‘Ley Mordaza’ “no solo impide a los profesionales de los medios ejercer su libre derecho a informar, impide a la opinión pública su inalienable derecho a ser informada. (Le ley) no es solo lo que contiene, sino el clima de impunidad y de abuso de poder que ha creado. Hay elementos en las fuerzas de seguridad que se sienten avalados para intimidar a periodistas, sabedores de que, con toda probabilidad, sus acciones no tendrán consecuencias. Se sienten protegidos por una Ley que, en la práctica, es una patente de corso para cometer abusos”, añade. ¿Es la entrada de la Policía Judicial en la sede del diario ‘Público’ para reclamar las grabaciones que afectan al ministro del Interior en funciones, sin orden de un juez, una consecuencia de este caldo de cultivo? ¿Lo es la petición intimidatoria a informadores que cubrían el registro de una joyería en Barcelona de sus números de teléfono móvil, por parte de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra, con el presunto fin de crear un archivo de periodistas? No podemos aseverarlo con certeza. Pero sí podemos decir que España es hoy un país menos libre para el ejercicio del periodismo. No hay que olvidar que la Ley Mordaza nace con el fin de silenciar a manifestantes, activistas y periodistas”, dice la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España.

Por último, Aznárez lanza un mensaje a las fuerzas políticas parlamentarias tras las elecciones del 26-J. “Instamos a las fuerzas políticas a aprovechar la composición del nuevo Congreso de los Diputados para evitar que, en 2017, tengamos que hacer un nuevo balance de periodistas víctimas de la 'Ley Mordaza', con motivo del segundo aniversario de su entrada en vigor”.

Vea aquí el artículo de Reporteros Sin Fronteras>>

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