Caso Enredadera: la juez Alaya acusa a IU y PSOE de recibir comisiones ilegales

Los datos se han conocido este viernes después de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla haya levantado el secreto de sumario que pesaba sobre la operación 'Madeja' -denominada 'Enredadera' en su tercera fase desarrollada este mismo mes de noviembre por la Guardia Civil- desde julio de 2013. De este modo, las partes han tenido acceso a los 21 tomos con miles de folios que componen las actuaciones.

Así, y en la imputación que realizó el pasado lunes al ex concejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y ex presidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo (PSOE), la juez Alaya asevera que, "como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación" con el Ayuntamiento hispalense, esta empresa pagó entre los años 2006 y 2009 al PSOE distintas cantidades "que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la caja B de Fitonovo de 'Langostinos Maera'".

En este sentido, la magistrada alude "a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudía Manuel Gómez Lobo y Rafael González Palomo de Fitonovo".

En relación a Manuel Gómez Lobo, la juez considera que, "como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación" con el Consistorio hispalense "por la adjudicación creciente de contratos, a requerimiento" del imputado "se abonó por Fitonovo al PSOE en fecha 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros".

Las obras de la sede del PSOE en la Macarena 

La magistrada también pone de manifiesto que Gómez Lobo, como dirigente de la agrupación socialista Macarena en 2005 y 2006, "requirió" a Fitonovo "para el pago de las obras de adecuación de la sede de la Agrupación Socialista Macarena en el local de la calle Monederos número 16 de Sevilla, limitándose Fitonovo a pagar, no a realizar las obras".

No obstante, "a instancias" de Gómez Lobo y del ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, también imputado en la causa, "la facturación se realizaría, para maquillar la operación, a nombre de una empresa instrumental de Fitonovo, la entidad Klevin, para evitar que se apreciara la vinculación de estas obras con la adjudicación de contratos de mantenimiento" a Fitonovo.

La instructora dice también que, "entre los contratos que habrían sido favorecidos" por Gómez Lobo y por Castaño, "estarían el concurso sobre riego del Parque de María Luisa a través de la UTE Fitonovo-Detea por importe cercano a los 500.000 euros", tras lo que Alaya cita otros tres expedientes "que habrían sido adjudicados a Fitonovo, en virtud de la influencia" de ambos y "con la intervención" del funcionario Francisco Luis Huertas.

En esta línea, la juez, que imputó a Gómez Lobo delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita, cita un expediente del servicio de Parques para la conservación de juegos infantiles por importe de 432.778 euros; un segundo expediente del mismo servicio por importe total de 284.384 euros, y un tercer expediente también del servicio de Parques por importe de 316.146 euros.

Los pagos a IU

Gómez Lobo, cabe recordarlo, se acogió a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía pidió para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 400.000 euros, a lo que se opuso el abogado del imputado alegando que éste "es pensionista y no tiene ningún otro ingreso", a lo que se suma que "no fue concejal desde julio de 2007".

Asimismo, y respecto a IU, la magistrada considera que el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el actual portavoz municipal de IU, José Manuel García -que hoy mismo ha anunciado su dimisión-, "habrían intervenido decisivamente, como dirigentes de IU, en la petición de determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol".

Según la juez, "se trataría del pago por los directivos de Fitonovo de 155.000 euros a la formación de IU, mediante dos pagos, 70.000 euros el 30 de marzo de 2010 y 85.000 euros el 18 de febrero de 2011, concretamente por la adjudicación a Fitonovo de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 6.966.320,80 euros".

En una caja de zapatos

La magistrada, que pone de manifiesto que en esa fecha era concejal delegado de Juventud y Deportes el propio José Manuel García, añade que dichos pagos "habrían sido recibidos" por Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense cuando dicha área era responsabilidad de Torrijos y que fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes tras su detención en 'Enredadera'.

Esto último "se acreditaría indiciariamente por los archivos de la contabilidad de la 'caja B' de Fitonovo y por el recibo de dinero de dicha 'caja B' relativo al pago de 85.000 euros en fecha 18 de febrero de 2011, efectuándose el primer pago como ya se ha dicho el 30 de marzo de 2010 en una caja de zapatos, como así lo manifestaría en su declaración" el dueño de Fitonovo José Antonio González Baró.

La juez dice que "otros contratos adjudicados a Fitonovo por la misma Delegación dirigida por IU e inmediatamente posteriores a los referidos pagos serían", en primer lugar, un expediente del Distrito Casco Antiguo para la instalación de aparatos gimnásticos para mayores en el Paseo Juan Carlos I por importe de 17.799 euros.

"Irregularidades" en IFNI 

También hace alusión la instructora a un expediente del IMD para obras de emergencia ejecutadas en el centro deportivo IFNI por 554.736 euros, "en el que se observan ciertas irregularidades, entre ellas que se duplicó el importe de la contrata, inicialmente en 270.000 euros, y que no existe fiscalización previa de la autorización y disposición del gasto".

La Fiscalía pidió sendas fianzas civiles de 500.000 euros para Torrijos, que se acogió a su derecho a no declarar, y para José Manuel García, que sí declaró y defendió que "para las adjudicaciones se seguían los procedimientos legales establecidos y que para los contratos menores se invitaba al menos a tres empresas".


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