Un informe del Defensor del Pueblo denuncia mecanismos disuasorios para "excluir" a los 'sin papeles' de la Sanidad a la que tienen derecho

El Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril dejó sin tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes residentes en España, según los expertos que han colaborado en el estudio conjunto de la Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos titulado 'Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes' que examina la realidad de los servicios de urgencias y su impacto de sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De esta manera, las personas extranjeras que no pueden acreditar una situación de residencia legal en España "resultan excluidas del sistema, manteniendo únicamente un limitado campo de derechos". Un campo que en muchas ocasiones ni siquiera llega a respetarse por la aplicación de mecanismos "disuasorios".

En concreto el real decreto prevé que los extranjeros en situación irregular reciban asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica; por asistencia al embarazo, parto y posparto, y con cobertura en igualdad de condiciones con los españoles para los menores de 18 años. Sin embargo, este campo limitado de derechos, en ocasiones ni siquiera llega a cumplirse.

Práctica contraria a la norma

"La práctica diaria de los centros asistenciales evidencia una realidad distinta a la que señala la norma, y destapa problemas subyacentes a la atención sanitaria de urgencia de estas personas, que en principio están llamadas a recibirla sin obstáculos y en condiciones de gratuidad", dice el informe.

En muchas ocasiones, el inmigrante 'sin papeles' se encuentra con barreras burocráticas o administrativas confusas como la "práctica frecuente de supeditar la asistencia sanitaria urgente a la firma de un compromiso de pago, así como la emisión de facturas con la liquidación de gastos". De esta forma "se le pide que acredite una circunstancia negativa, es decir que no está en situación regular en España" cuando los términos de la norma a este respecto resultan inequívocos sobre su derecho a la asistencia sanitaria de urgencias, denuncia el informe. 

En paralelo, los expertos han registrado otra práctica que igualmente vulnera los derechos sanitarios de los pacientes 'sin papeles'.

La ley establece los casos en los que los extranjeros en situación irregular tienen derecho a atención sanitaria y especifica "hasta el alta médica". Un concepto que es desvirtuado en muchas ocasiones equiparándolo al de "alta hospitalaria". Es decir, más allá del alta en los servicios de urgencias, los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a recibir asistencia sanitaria hasta la resolución del problema de salud que dio lugar a la urgencia por enfermedad grave o accidente, pero "en muchos lugares, la continuidad asistencial de estos pacientes no está garantizada".

De esta manera, los enfermos que abandonan las urgencias hospitalarias se encuentran con los obstáculos de continuar su tratamiento o recibir recetas farmacéuticas en otros ámbitos sanitarios y se ven empujados a acudir de nuevo a las saturadas urgencias hospitalarias.

Estos dos mecanismos suponen "una carga burocrática en buena parte inútil, y que tienen un efecto disuasorio", denuncia el informe.

Según los expertos, el ahorro económico que se pretendía obtener con la limitación asistencial no sólo no se consigue sino que "muy al contrario, se produce un incremento del coste a largo plazo" por la necesidad de emplear tratamientos curativos frente a las más económicas medidas de prevención y diagnóstico precoz de la atención primaria.


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