Las cuentas de Podemos a examen

En ese informe, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas detectó "deficiencias" e "incoherencias" en la contabilidad electoral del partido que lidera Pablo Iglesias, y apreció un "descuadre" entre los recursos declarados y los gastos electorales contraídos.

   Podemos declaró haber recibido aportaciones por valor de 114.365,75 euros, que se corresponden con múltiples pequeños ingresos procedentes de personas físicas y jurídicas que el partido gestionó en su mayor parte a través de una plataforma de financiación colectiva o 'crowdfunding'.

   Sin embargo, el Tribunal de Cuentas sostiene que casi 50.000 euros donados por particulares no fueron debidamente identificados. En concreto, citó 57 ingresos por un importe de 886,12 euros que incumplieron completamente la Ley Electoral General (LOREG) por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere (nombre, DNI y domicilio), y otros 48.261,47 euros donde faltó alguno de esos requisitos legales.

   La formación de Pablo Iglesias alegó problemas en el diseño del software de la plataforma de 'crowdfunding' y se mostró dispuesta a destinar dichas donaciones a la finalidad que el Tribunal establezca. El órgano fiscalizador dio por buenas las explicaciones y no vio motivo alguno para sancionar, pero aconsejó mejorar la aplicación informática para ajustarse a los requisitos fijados en la ley.

   Pero también se analizaron en ese informe las cuentas de los demás partidos. De Ciudadanos, otra de las sorpresas de aquellas elecciones de hace un año, el Tribunal de Cuentas sólo observó que unas facturas por 31.025,67 euros que no deben computarse como gasto electoral subvencionable, así como una deuda con Hacienda de 9.007,88 euros y unos derechos pendientes de cobro de Correos y Hacienda por importe de 257,96 euros.

   En relación con Izquierda Plural subrayó que la coalición acabó las elecciones europeas con una deuda de casi 350.000 euros con sus proveedores, más otros 1.500 euros con Hacienda, con riesgo de incumplir la ley electoral porque ya no contaba con fondos en las cuentas bancarias creadas específicamente para este proceso electoral. IU explicó que este problema se resolvió semanas después con el cobro de las subvenciones.

   Igualmente, el Tribunal de Cuentas señaló que el PP y el PSOE pagaron gastos electorales en la campaña de las europeas de 2014 con cargo a cuentas bancarias distintas de la utilizada para ese proceso electoral, lo que implica un incumplimiento puntual de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

   Ante un proceso electoral, la ley obliga a los partidos a abrir una cuenta bancaria específica para costear los gastos de campaña. Sin embargo, el PP abonó 28.126,76 euros a sus proveedores desde cuentas ajenas a la 'oficial' de los comicios europeos.

   Por un lado, se trata de 3.448,26 euros gastados en campaña por representantes del partido en corporaciones municipales, lo que según el Tribunal de Cuentas debía computarse como gasto electoral, y otros 24.678,5 euros que el PP no declaró en su momento como gasto electoral.

   El órgano fiscalizador apreció además pequeños pagos en efectivo por un importe global de 57.268,27 euros. El PP alega que ese dinero salió de sus cuentas electorales, pero el Tribunal de Cuentas, aunque ha verificado tal extremo, señala que el procedimiento seguido incumple la legislación.

   En el caso del PSOE, esos pagos en efectivo sumaron 39.759,11 euros, que también salieron de sus cuentas electorales. Los socialistas alegan que se trata de una "cuenta transitoria pendiente de justificar que se nutre de la cuenta corriente electoral y que se usa para pagar pequeños gastos", pero el Tribunal mantienen que no se ajusta a la legalidad.

   El partido que lidera Pedro Sánchez también tiene en cuestión una factura de 2.536 euros que no consta en su contabilidad de la campaña electoral y que fue revelada por el propio proveedor contratante. El Tribunal de Cuentas ha confirmado que se trata de un gasto electoral y lo ha computado como pago ajeno a la cuentas adecuada.

   Pese a las deficiencias, el Tribunal de Cuentas que preside Ramón Álvarez de Miranda no considera que haya motivo suficiente para proponer rebaja alguna de las subvenciones electorales que corresponden a los dos grandes partidos.