España no respetaría el 'asilo diplomático' de Julián Assange
viernes 02 de noviembre de 2012, 10:45h
El Gobierno asegura de
forma tajante que "España no reconoce el asilo diplomático como un derecho. Por
el contrario, España estima que la pretensión de ejercerlo lesiona la soberanía
del Estado en cuya representación diplomática se pretende refugiar". Es la respuesta
que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho llegar al portavoz
parlamentario de IU, José Luis Centella. Éste se interesó a
finales de agosto sobre los efectos colaterales que para nuestro país puede
tener la acción emprendida por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, de
refugiarse en la legación diplomática de Ecuador en Londres para evitar una
extradición a Suecia que podía derivar en su entrega final a Estados Unidos.
Además de rechazar la
figura del 'asilo diplomático', el Gobierno de Rajoy defiende la actuación que el
Ejecutivo británico está teniendo en relación a Assange. Así, dice "el Reino
Unido no ha hecho más que aplicar el derecho internacional general en la
materia, además de existir una obligación de extraditarle a Suecia desde el
mismo momento en que salga de la embajada de Ecuador en Londres".
Para reforzar su opinión,
Moncloa decide incluir en su respuesta una introducción teórica e histórica
sobre conceptos diplomáticos e indica que "el Gobierno manifiesta que es
necesario señalar que el 'asilo diplomático', que se le ha otorgado al fundador
de Wikileaks, puede definirse como la protección otorgada por el Estado a una
persona que es objeto de persecución política o ideológica y que se refugia en
los locales de la misión diplomática acreditada en otro Estado".
"Se trata -prosigue la
explicación teórica, que ocupa más espacio que la parte referida a la respuesta
política- de una institución de derecho internacional iberoamericano que ha
sido codificada en varios instrumentos convencionales, siendo el más importante
la Convención de Caracas de 28 de marzo de 1954. Existe,
además, una costumbre regional en dicha zona".
Por todo lo anterior, el
Gobierno le resume a José Luis Centella su rechazo a apoyar este tipo de
actuaciones y asegura que "al no tratarse de una institución de derecho
internacional general, su ámbito de acción queda circunscrito a Iberoamérica".