Cádiz da la bienvenida al Centro Iberoamericano de Arbitraje

El ministro García-Margallo y el secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, han recibido una copia del Acuerdo Marco de manos del Director Relaciones Internacionales del Orden de Abogados de Brasil, Roberto Busato y del Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados,  Luis Martí Mingarro, dos de sus principales impulsores.  

En su intervención a continuación, el ministro ha destacado la importancia de que se articulen en el contexto iberoamericano mecanismos para dar una respuesta rápida y adecuada a posibles controversias comerciales. La configuración de este tipo de instrumentos es especialmente relevante en la actualidad, habida cuenta del espectacular desarrollo del comercio internacional en la región, potenciado por los diversos acuerdos de libre comercio y de integración regional existentes. 

Impulsada por el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XX Cumbre Iberoamericana celebrada en 2010 en Mar del Plata, se trata de una iniciativa destinada a crear un Centro de Arbitraje privado e independiente, sin perjuicio del apoyo que los Gobiernos de los países iberoamericanos puedan brindar para su puesta en marcha y funcionamiento.

Tiene por objeto establecer un mecanismo regional arbitral  que cuente con un procedimiento ágil, poco burocratizado, rápido y menos oneroso para las partes; contemplando plazos razonables para dictar sus laudos y las decisiones sobre jurisdicción; teniendo en cuenta la necesidad de establecer un aparato administrativo reducido y eficiente, conformado por profesionales altamente cualificados y,  que permita atender, además, las controversias de menor entidad económica de manera de satisfacer las necesidades de las PYMES.

Los asistentes al acto han coincidido en que no sólo las relaciones comerciales, sino también la inversión extranjera se vería favorecida, ya que la existencia de un Centro de Arbitraje supondría una garantía añadida y factor de atracción para el inversor extranjero. 

Como recoge el propio texto del Acuerdo, la seguridad jurídica no es tan sólo un trascendente valor legal sino, cada día más, un requisito del desarrollo económico. Esta consideración tiene un claro encaje en los objetivos de la Cumbre de Cádiz, que ha hecho especial hincapié en el impulso a las políticas de crecimiento económico al servicio de los ciudadanos, a través de iniciativas concretas,  como en este caso, sacando partido a una lengua y cultura jurídica común.

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