El candidato de UPyD a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, ha presentado este miércoles una denuncia en la Audiencia Nacional contra el exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, imputado en la 'Operación Púnica', y el profesional contratado por el Gobierno regional a través de ICM para prestar asistencia al juez Antonio Pedreira, entonces instructor del caso Gürtel, que según la formación magenta habría actuado como un "espía" del Ejecutivo autonómico.
UPyD considera que se podrían haber cometido delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y revelación de secretos. Según UPyD, se pudo "introducir un espía en la tramitación de las diligencias del caso Gürtel, al objeto de que la Comunidad de Madrid pudiera tener conocimiento de un sumario que tenía carácter secreto", señala la denuncia, en alusión al mencionado asistente,
Rafael María Núñez Gallego. "Esto nos parece los más grave", ha manifestado Marcos en declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar la denuncia. "Es imprescindible que en la política haya limpieza y consideramos que no se puede construir un futuro sin limpiar la política sucia", ha afirmado.
"La Comunidad de Madrid, a través de esta persona que se contrataba por la ICM, ha podido conocer los datos secretos del caso Gürtel y aprovecharse de ellos para tomar determinadas decisiones políticas o influir en el procedimiento, creemos que es muy grave, es un posible delito de revelación de secretos y queremos que los jueces hagan una averiguación", ha explicado.
La denuncia se basa en informaciones publicadas por '
El País', de las que extrae que en la contratación de Núñez Gallego se han producido presuntamente "varias y graves irregularidades", como que en lugar de responder a la petición de
Pedreira de medios personales en los términos legalmente previstos (a través de funcionarios interinos), recurrió a la contratación de los servicios de una persona que no reunía los requisitos legales.
Además, cuando los servicios se prestaron durante un año, en lugar de realizar un único contrato o uno posteriormente prorrogado, se llevaron a cabo supuestamente cuatro contratos distintos y con empresas distintas, los cuales se adjudicaron sin convocatoria pública y a través de contratos menores, mediante su fraccionamiento irregular. Núñez Gallego facturó así un total de 76.878 euros en un año, lo que supone una cantidad de 6.405 euros brutos al mes.
"Llama poderosamente la atención que la contratación de unos servicios que únicamente tenían por objeto la transcripción de autos y sentencias; o, según las explicaciones de la Comunidad de Madrid, apoyo informático, se facture a más de 6.000 euros al mes, y que el perfil de la persona que realiza las funciones tuviese un marcado carácter jurídico en el área de consultoría, como se ha podido comprobar", constata UPyD en la denuncia.
A este respecto, indica que ello cobra especial significancia cuando se tiene en cuenta que la persona contratada "iba a tener acceso personal, completo e ilimitado, al sumario del expediente de Diligencias Previas del conocido como caso Gürtel, que vendría a implicar a altos cargos y responsables del PP, incluido el propio Ignacio González; actual presidente del Gobierno y entonces vicepresidente del Gobierno autonómico y presidente del Consejo de Administración de ICM".
UPyD ha instado a la justicia a que cite a declarar como imputados tanto a
José Martínez Nicolás como a
Rafael María Núñez Gallego, y como testigos a
Ignacio González, en calidad de presidente de ICM, a
Esperanza Aguirre, como presidenta del Gobierno regional, y a
Borja Sarasola, como vicepresidente de ICM.
Comisión de investigación
Por su parate, el portavoz de Justicia de IU en la Asamblea de Madrid,
Mauricio Valiente, ha dicho este miércoles que el hecho de que el Gobierno regional contratara "ilegalmente" al asistente del juez que estaba instruyendo el caso Gürtel supone un "escándalo que transmite una sensación de impunidad generalizada".
Según un comunicado de la formación, Valiente ha afirmado que los supuestos hechos, sumados a los que ya se conocen sobre ICM, relacionada con la 'Operación Púnica' y los pagos a jueces, "transmiten la idea de una trama organizada que requiere de una investigación judicial que llegue hasta el final y cumpla con lo previsto en el Código Penal". Paralelamente a la investigación judicial, IU considera necesaria la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que permita "poner en orden" el conjunto de las informaciones aparecidas y que, según el diputado Mauricio Valiente, "parece indicar que es una trama dedicada a poner al servicio de intereses ajenos las instituciones madrileñas".
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