El Gobierno español no promoverá la detención de los ex ministros franquistas reclamados por la Justicia argentina por delitos cometidos durante la dictadura y alega que las órdenes de detención internacional emitidas a través de Interpol no son vinculantes ya que prima el derecho interno de cada país y los acuerdos de extradición firmados entre las naciones implicadas.
El Ejecutivo responde así en una respuesta parlamentaria escrita donde explica que "la pertenencia de un país a la organización Interpol, según sus estatutos, no vincula en modo alguno a la ejecución de la demanda de detención preventiva a efectos de extradición en el resto de países miembros". Según defiende, la decisión de estos países "en cuanto a la ejecución de la detención se basará en su propio derecho interno, y muy especialmente, en los tratados internacionales de extradición firmados con el país reclamante".
"No existe vinculación, por tanto, con los documentos de detención emitidos a través o por la Secretaría General de Interpol", zanja la respuesta. El pasado noviembre la jueza argentina María Servini reclamó la detención de veinte personas por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos varios ministros de la dictadura como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa. Se les acusa de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
En su respuesta el Gobierno añade que "existía, además, un precedente, ya que en la misma causa, instruida por la justicia argentina, las autoridades españolas habían denegado la extradición de otros cuatro ciudadanos españoles".
Se refiere en este punto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias 'Billy El Niño'. En aquella ocasión, la Secretaria General aceptó las razones esgrimidas por Interpol España.
Las fuentes policiales consultadas recordaron también que existe una resolución aprobada por Interpol en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
En aquella resolución los países integrantes de Interpol se manifestaban "preocupados" por "el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que plantean dudas" así como "por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes".
Se trata de la AG-2010-RES-10 suscrita por la Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, en su 79ª reunión, celebrada en Doha (Qatar) entre el 8 y el 11 de noviembre de 2010. Entre otras cuestiones acordaron seguir cooperando en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo cuando un país miembro proteste contra una orden de detención de uno de sus ciudadanos en el plazo de treinta días.
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