El nuevo Código Penal viene a sustituir al texto que fue aprobado en 1995 y que ha sido objeto desde entonces de numerosas reformas parciales.
Casos como el de
Hormigos u otros en los que se difundan videos eróticos de una persona contra su voluntad tendrán una pena de cárcel de tres meses a un año.
Entre otras novedades destacan que la prisión permanente revisable se podrá alargar durante toda la vida del recluso o que la cárcel a los españoles que acepten o entreguen donaciones superiores a los 500.000 euros, o de 100.000 euros si son extranjeros o que realizar actos de carácter sexual con menores de 16 años se considera como un hecho delictivo.
Asimismo, se agravará el abandono de animales, que llevará aparejado el pago de una multa de uno a seis meses, aumentarán las penas para la prostitución de menores o incapaces, mientras que se castigará a quien contacte con un adolescente, menor de 16 años, a través de las nuevas tecnologías para intentar que facilite imágenes pornográficas.
También, los condenados que hayan cumplido su pena podrán pedir que se eliminen sus antecedentes; se establecerán penas hasta tres años de cárcel a quien coaccione a otro a contraer matrimonio y también penas de dos años a quienes impidan o limiten el derecho de huelga se reducen a los dos años, por lo que una persona sin antecedentes no deberá obligatoriamente ingresar en prisión.
El límite del hurto pasa de 400 a 500 euros y se aumenta la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico; un ciudadano de la Unión Europea podrá ser expulsado de España si representa una amenaza grave para la seguridad pública y se elimina el libro dedicado a las faltas, que pasan a ser consideradas delitos leves o sanciones administrativas.
El Gobierno tendrá que enviar, cada seis meses, al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos; habrá una inhabilitación especial para evitar que los expresos de ETA puedan ejercer como profesores y se delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya recogía la reforma de 2010 y aclara los supuestos en los que incurriría en uno de los 31 delitos tipificados.
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