Sanidad intentará poner fin a las disparidades en la asistencia a irregulares

Una reforma que dejaba a este colectivo sin tarjeta sanitaria y que limitó su cobertura en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las urgencias, excepto para las embarazadas y los menores de edad, que han mantenido todas las prestaciones.
La reforma ha sido seguida de forma desigual por las autonomías, algunas en contra de ella desde su inicio, como Andalucía y Asturias, aunque tras el cambio en el mapa político derivado por las elecciones de mayo casi todas se han mostrado dispuestas a devolver la atención a los "sin papeles".
Buena parte de las regiones han anunciado distintas regulaciones para restablecer la atención y ahora el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, las está estudiando por si invaden competencias del Estado o vulneran la Constitución.
Se ha sumado, además, el anuncio en marzo del ministro Alfonso Alonso de que este colectivo volvería a tener derecho a la atención primaria y en ello trabajaba el Gobierno y los consejeros de Sanidad hace meses, cuando el PP era mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud.
El trabajo acordado se materializó en un borrador que se planteará el miércoles a los nuevos gobiernos autonómicos en el marco de la Comisión de Prestaciones de ese Consejo, aunque se trata de un texto de partida.
En ese borrador, al que ha tenido acceso Efe, se plantea que los irregulares accedan a la atención primaria a través de un documento acreditativo que deberá enseñar junto con su pasaporte o documento de identidad cada vez que necesite asistencia.
No se trata de una tarjeta sanitaria y para adquirirlo deberían estar empadronados en ese territorio con una antigüedad mínima de un año y demostrar que no tienen recursos.
El documento tendría una validez de un año y se tendría que renovar por este periodo en los plazos y la forma en que decida cada región.
Los inmigrantes, que tendrían que pagar el 40 % de los medicamentos en la farmacia, serían incluidos en un registro nacional.
Es el punto de partida, pero cada comunidad expondrá los criterios que consideran debe regir la asistencia sanitaria de los irregulares. Estos son algunos de ellos:

ANDALUCÍA
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Está en contra de la propuesta de crear un registro específico para la atención sanitaria a inmigrantes por considerarlo "discriminatorio y disuasorio".
La población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma.
Con este documento se hace posible la identificación de los inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

ARAGÓN
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El presidente aragonés, Javier Lambán (PSOE), ha asegurado que los inmigrantes y las personas sin papeles tendrán derecho íntegro a la sanidad "haga lo que haga" el Gobierno central.
A su juicio, el Ejecutivo está "haciendo el ridículo más espantoso con la sanidad de los inmigrantes" porque actúa "a remolque de los acontecimientos, impedido por la inmediatez de las elecciones".
Desde el pasado 13 de agosto, los centros de atención primaria y especializada han extendido la cobertura sanitaria a los "sin papeles" y para recibirla deben ser residentes en Aragón o al menos llevar tres meses empadronados en la comunidad. El acceso se reconocerá por doce meses prorrogables si las circunstancias lo requieren.

ASTURIAS
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El consejero de Sanidad asturiano, Francisco del Busto (PSOE), lamenta la posición "errática, injusta e insolidaria" del PP y defiende la "universalidad, la equidad y la solidaridad" con todos los ciudadanos que viven en su territorio.
Asturias puso en marcha hace tres años un procedimiento administrativo para inscribir a inmigrantes irregulares, sin recursos económicos y empadronados allí, en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres).
Este procedimiento contempla que toda persona extranjera sin recursos que resida en el Principado y lo pida, independientemente de su situación administrativa, se incorpore a la base de datos para que se le asigne un centro de salud y un médico de referencia, de modo que se le garantice el acceso a los servicios sanitarios.
En la actualidad hay unas 1.400 personas dadas de alta en Sipres como extranjeros sin recursos en situación administrativa irregular.
Entre septiembre de 2012 y marzo de 2015 hubo más de 18.000 consultas a sin "papeles", 6.000 de ellas en hospitales.

BALEARES
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El Govern balear (del PSOE y MÉS, y con el apoyo de Podemos) expide desde el pasado 20 de julio un documento a los irregulares para devolverles la atención médica y prestación farmacéutica gratuitas.
Desde esa fecha, unos 15.000 ciudadanos que no tenían la condición de asegurados o beneficiarios de cualquier otra administración y que carecían de recursos económicos, la han recuperado. El documento tiene validez solo en Baleares durante 12 meses prorrogables.

CANARIAS
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El Gobierno canario (CC y PSOE) rechaza la creación de un registro de irregulares y mantiene su propósito de devolverles la atención.

CANTABRIA
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Cantabria (PRC-PSOE), que está en contra de la creación de un registro, ha publicado el 17 de agosto una orden que regula la cobertura pública para los irregulares empadronados en la región desde hace tres meses.

CASTILLA Y LEÓN
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El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha considerado "razonable" la creación de un registro, sin entregar una tarjeta sanitaria, para cumplir con las normas de la UE.
En declaraciones a Efe, Saez ha argumentado que "lo importante es que se les atienda" y que no se incumplan normas nacionales y europeas en materia de aseguramiento.
Es "curioso todo el revuelo que se ha montado" porque autonomías gobernadas por el PSOE "han aprobado una serie de normas que pueden contravenir normas españolas y europeas", ha dicho Saez, que no obstante sostiene que existe "artificialidad" en estas discusiones porque en la práctica los inmigrantes son atendidos.

CASTILLA-LA MANCHA
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En esta comunidad, ya sin Dolores de Cospedal a la cabeza, que cumplió al pie de la letra el decreto del Gobierno, la mayoría de los inmigrantes están siendo atendidos, según su Consejería de Sanidad.

CATALUÑA
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El Servicio Catalán de la Salud ofrece atención sanitaria a unos 70.000 extranjeros que no tendrían derecho a recibirla tras la reforma de 2012
El director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa ha explicado recientemente la nueva instrucción 08/2015 del CatSalut, vigente desde el pasado día 22 de julio, y que permite a los ciudadanos extranjeros sin derecho a asistencia sanitaria que acrediten un empadronamiento de tres meses y puedan así tener acceso a la cartera básica de servicios sanitarios.

EXTREMADURA
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La Junta ha dicho que se mostrará "tajante" a la hora de defender la atención sanitaria universal a todos los ciudadanos, pedirá derogar el real decreto de 2012 y trabaja en una norma para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos allí por igual.

GALICIA
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La Xunta adoptó hace tres años un programa de asistencia de salud a inmigrantes irregulares carentes de recursos, que el presidente Alberto Núñez Feijóo anunció que beneficiaría a unos 9.000 personas.
Los inmigrantes deben declarar no tener ingresos y certificar un empadronamiento de al menos seis meses, además de un documento de identificación.
Fuentes de la Xunta han indicado a Efe que actualmente beneficia a 1.660 inmigrantes, aunque en el pasado se han acogido hasta un máximo de 2.441, y han considerado que la propuesta del Ministerio se "inspira" en la iniciativa de Galicia.
Un informe divulgado el año pasado por la organización Médicos del Mundo denunció que ese programa apenas beneficia a 1.200 extranjeros y deja a cerca de 8.000 sin cobertura médica en Galicia, entre ellos menores y embarazadas.

LA RIOJA
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El Gobierno riojano (PP) ha obedecido el real decreto y el pasado día 21 la consejera de Salud, María Martín, pidió que la atención sanitaria a irregulares se debatiera en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, para que todas las comunidades procedan del mismo modo, "porque es lo deseable".

MADRID
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Esta comunidad ha seguido la reforma, pero ha agilizado la tramitación de la tarjeta de residente temporal para ofrecer atención a los inmigrantes indocumentados.
La presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ordenó el pasado día 21 ofrecer a los 'sin papeles' todos los servicios de la cartera del SNS.
La cobertura completa se ofrecerá hasta que la administración pueda expedir un documento que los irregulares solo podrán usar en la región.
Cifuentes ha eludido pronunciarse sobre el registro de indocumentados y ha insistido en apostar por un acuerdo que permita que "todas" las comunidades ofrezcan las mismas prestaciones.

MURCIA
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Según datos de la Consejería, actualmente se da asistencia en la región a 3.540 inmigrantes irregulares ya sean menores, gestantes, enfermos crónicos o tengan un convenio especial para su asistencia sanitaria.
La consejera de Sanidad, Encarna Guillén, ha anunciado que apoyará la revisión que propone el Ministerio sobre la situación de la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles en España.

NAVARRA
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Desde el departamento navarro de Salud han dicho a Efe que conforme al acuerdo alcanzado entre las formaciones que sustentan el Gobierno foral (Geroa Bai), se tiene la intención de "garantizar la universalidad de la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa". Aplicarán para ello "los procedimientos oportunos de manera inmediata".
El anterior Gobierno buscó paliar la situación de los inmigrantes a través de la reforma de un decreto foral y la concesión de una subvención vía Política Sociales para personas sin recursos, y después con la ley de universalidad.

PAÍS VASCO
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El servicio vasco de salud comenzó a distribuir en noviembre de 2012 una tarjeta individual sanitaria válida a los inmigrantes irregulares que tuvieran un año de empadronamiento en Euskadi y percibiesen cantidades inferiores a la Renta de Garantía de Ingresos.
Esa tarjeta les garantiza la asignación de un médico de cabecera de atención primaria y una asistencia en iguales condiciones de calidad y con la misma extensión que la reconocida a las personas aseguradas o beneficiarias.

COMUNIDAD VALENCIANA
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Los irregulares que viven en la comunidad se han beneficiado del cambio de gobierno (PSOE-Compromís). El Sistema de Información Poblacional (SIP), la base de datos informatizada de la Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano, comenzó a incorporar el 20 de julio los cambios necesarios para ampliarles la asistencia.
Los inmigrantes con tarjeta SIP tienen acceso a la cartera común básica de servicios y se les asigna un facultativo de medicina general.
Si el proceso requiere asistencia especializada en un hospital, el tratamiento farmacológico forma parte del mismo, y la cobertura también contempla la prescripción de medicamentos en receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.
Para acceder a la tarjeta hay que acreditar 3 meses de residencia, ser extranjero, mayor de edad y no tener cobertura sanitaria ni en España ni con un seguro sanitario, una mutua o un tercer país al que se pueda facturar por la atención.