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El PP opta por la mano dura contra Mas: plantea una reforma 'express' del Constitucional para sancionar a quienes incumplan sus sentencias
(Foto: EFE)

El PP opta por la mano dura contra Mas: plantea una reforma 'express' del Constitucional para sancionar a quienes incumplan sus sentencias

martes 01 de septiembre de 2015, 18:18h
El Partido Popular ha desatado la polémica con su propuesta de reforma de la ley que rige el Tribunal Constitucional, de forma que puedan ser sancionados aquellos que no cumplan sus sentencias. Esta iniciativa no ha sido bien recibida por los partidos de la oposición, que no han tardado en tacharla de "electoralista", y ha sido especialmente criticada por el Govern catalán, al considerar que el Ejecutivo pretende sancionar y suspender al president Artur Mas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que la reforma tenga objetivo crear una "ley de sanciones" sino que intenta "fortalecer las capacidades del TC para hacer ejecutivas sus resoluciones", y ha pedido al PSOE su apoyo a la reforma, después de que los socialistas hayan asegurado que no respaldarán la iniciativa.

El PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones. Una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

La propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional, presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien considera que esta medida será "la garantía" de que no hay opción a la independencia de Cataluña: "La broma ha terminado", ha proclamado.

Aunque el Senado aún está debatiendo la reforma de la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se aprueba antes de la disolución de las Cámaras.

Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando toos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión).

La iniciativa del PP detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los 'populares', ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014. En concreto, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.


Preguntado por la cuantía de la multa a la que se enfrentaría el president Artur Mas, en caso de que se produjera una declaración unilateral de independencia, Catalá ha aclarado que tendría que ser el alto tribunal el que decidiera las sanciones oportunas. "Es todo tan hipotético... le correspondería al Tribunal Constitucional, en su caso, enjuiciar este tipo de circunstancia y proponer las actuaciones que considere oportunas", ha precisado.

El ministro ha aclarado que la reforma garantiza "la ejecutividad de los actos y resoluciones del tribunal". Así, ha puesto de manifiesto que la reforma dota al Constitucional de instrumentos de los que ya dispone hoy en día el poder judicial y que están reflejados, por ejemplo, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para así "reforzar el cumplimiento de las resoluciones del tribunal".

"Son múltiples las medidas de requerimiento, de información, no es una ley de sanciones, ni mucho menos, es simplemente una ley de fortalecimiento de las capacidades del TC de hacer ejecutivas sus resoluciones, parece algo bastante razonable", ha concretado.

Catalá, ha pedido al PSOE su apoyo a la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) propuesta por el Partido Popular para "vertebrar" el Estado de Derecho y "fortalecer" al Alto Tribunal. "Es sorprendente que su grupo no lo vea y no se convierta en coproponente de este tipo de reformas. Ustedes sabrán donde están porque es que nosotros no lo sabemos", ha añadido.

Así ha respondido Catalá en la sesión de control al Gobierno después de que el senador del PSOE Óscar López acusara a los 'populares' de convertirse en una "máquina de hacer nacionalistas" a través de un "Gobierno pirómano que echa gasolina al fuego, gasolina para los independentistas". "Les importa bien poco la convivencia, se mueven en el choque de trenes", ha resaltado.

El titular de Justicia ha enmarcado estas palabras en el "desconocimiento" del PSOE hacia la proposición de ley planteada por el Grupo Popular y ha mostrado su sorpresa por el hecho de que al principal grupo de la oposición le "preocupe reconocer el papel del Tribunal Constitucional en nuestro sistema institucional". "Es imposible saber dónde están ustedes", ha proseguido, para añadir que hay días en que los socialistas aparecen ante una bandera de España, otros "reabren la guerra del agua para generar tensiones" entre comunidades autónomas y "luego dicen que no van a gobernar con populistas y hacen gobiernos hasta con los independistas más radicales". "Parece muy razonable que partidos que creemos en la Constitución, la convivencia y el Estado de Derecho apoyemos este tipo de instrumentos", ha resaltado Catalá.

Desde el PSOE, López ha preguntado también sobre la posición del Ejecutivo respecto a una reforma constitucional, con el "temor" de que la palabra del ministro "valga" y no sea "desautorizada en cascada" después por los miembros del PP. "El país necesita un Gobierno que se sienta, llega a acuerdos y no alimenta el choque de trenes por un puñado de votos, que es lo que ha hecho siempre la derecha en este país", ha remachado.

En cuanto a una eventual modificación de la Carta Magna, Catalá ha respondido que "siempre" han mantenido "la misma posición", esto es, que la Ley Fundamental es la "clave de bóveda" de nuestro modelo de convivencia y una hipotética reforma "requeriría de un consenso suficientemente amplio que parece que ahora no existe" y de "sosiego, debate y análisis". "Y que no sea utilizado por algunos que lo que quieren es reventar las costuras de la Constitución y cuestionar el modelo de transición y convivencia. Ustedes parece que se quieren subir a ese modelo de diálogo y reforma", ha concluido.
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