Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha explicado que el formato que adopta el Consejo de Gobierno para poner en marcha la prohibición en la práctica del fracking se basa en las recomendaciones de la Comisión Europea en 2014 de tener en cuenta la prevención a la hora de aplicar cualquier práctica novedosa relativa a la fractura hidráulica.
"Lo que hemos hecho es poner delante de todo la prevención de los posibles riesgos para la salud pública y para el medio ambiente que puede conllevar esta práctica", que según ha dicho puede causar contaminación de los acuíferos, de las aguas superficiales y puede causar problemas por contaminación atmosférica y puede contaminar los suelos.
Con este anteproyecto de ley, que se ha elaborado en colaboración de las plataformas anti-fraking de la región, el Gobierno se compromete a elaborar un plan estratégico sectorial de Castilla-La Mancha en materia de fracking, plan que, según ha señalado el consejero, "será condición obligatoria para poner en práctica cualquier invasión de fracking en la región".
En este plan se tendrá en cuenta el posible efecto sobre la contaminación de las aguas y sobre la sismicidad. Además, se va a zoonificar el territorio diciendo qué zonas de la región son más vulnerables a este tipo de prácticas y se hará una evaluación ambiental estratégica.
"Las autorizaciones, una vez elaborado ese plan estratégico sectorial de Castilla-La Mancha, serán absolutamente restrictivas, lo que hará en la práctica imposible el fracking en la región", ha señalado el consejero.
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