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Nadie quiere juzgar el 'caso Rato': El Tribunal Supremo decidirá quién es competente
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(Foto: EFE)

Nadie quiere juzgar el 'caso Rato': El Tribunal Supremo decidirá quién es competente

> Rato, acusado de fraude fiscal por haber cobrado por cursos y conferencias

viernes 02 de octubre de 2015, 18:21h
Ni el juzgado número 31 de Madrid, que actualmente investiga el denominado 'caso Rato', ni la Audiencia Nacional quieren encargarse de la causa abierta contra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, en la que otras ocho personas han sido también imputadas, por delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal. Al no haber llegado a un acuerdo entre ambos organismos judiciales, el juzgado madrileño ha elevado al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que decida qué órgano debe hacerse cargo de la instrucción de la causa. Este viernes, el juez ha acusado también a Rato de defraudar al fisco por ingresos que obtuvo al asistir a diversos congresos y conferencias. Horas antes de esta acusación, la secretaria de Rato y un supuesto nuevo testaferro declaraban por las nuevas acusaciones que han recaído sobre el político.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, instructor del 'caso Rato', que ha intentado en dos ocasiones, sin éxito, desembarazarse de la causa, ha decidido que elevar la cuestión al Supremo después del último de los rechazos, el del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ante quien se había inhibido el titular del juzgado ordinario.

Andreu considera que los delitos fiscales y de corrupción entre particulares que se imputan a Rato únicamente podrían ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran "una grave repercusión a la economía nacional, lo que no se da en el presente caso". Además no ve conexión entre esta investigación y la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y apunta que la mayor parte del blanqueo que se atribuyen a Rato se cometió en territorio español y no en el extranjero.

Serrano-Arnal discrepa de estos argumentos y advierte que los juzgados de Madrid tienen un ámbito competencial y territorial "muy distinto" a los de la Audiencia Nacional. Indica también que el razonamiento de Andreu "no es sostenible" ya que se contradice cuando asegura que todos los actos presuntamente delictivos se produjeron en Madrid para manifestar, a renglón seguido, que parte de ellos ocurrieron en el extranjero.

La investigación, dividida en 3 líneas básicas

El juez de Madrid proporciona al Supremo una instantánea del punto en el que se encuentran las pesquisas sobre las irregularidades detectadas en el patrimonio de Rato y que desembocaron en su sorpresiva detención 'exprés' en abril.

Así, divide la investigación en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

La sociedad de escasa actividad constituida en 2001 cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Ángeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Esta empresa encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

Además de Rato, el juez imputa los delitos fiscales, de blanqueo y corrupción de particulares a sus presuntos testaferros Domingo Plaza, Miguel Ángel Montero y Alberto Portuondo, su secretaria Teresa Arellano y cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis.

Rato cobró por asistir a conferencias y cursos

El juez Serrano-Arna acusa también al ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar de defraudar al fisco por ingresos que obtuvo al asistir a diversos congresos y conferencias. Este dinero habría acabado en una sociedad, Bagerpleta GMBH, parte de cuyo accionariado el exministro comparte, a través de otras empresas interpuestas, con su exmujer Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores.

Así se revela en el auto por el que el magistrado plantea al Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que sea este órgano el que decida quien tiene que seguir investigando a Rodrigo Rato y otros ocho imputados por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Serrano-Arnal se ha inhibido en favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien no ha aceptado la causa.

Serrano-Arnal revela que Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), está realizando investigaciones por la existencia de indicios de que diversas empresas controladas por Rato están ingresando cantidades económicas en Bargerpleta GMBH con origen en Vivaway Limited, otra mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar.

Entre estos ingresos estarían, según el auto, la financiación por Vivaway de otra sociedad, Arada S.L, "a través de los ingresos defraudados a la Hacienda Pública provenientes del pago de asistencias del señor Rato a diversos Congresos y Conferencias".

El juez detalla en este punto del auto que Bagerpleta GMBH tiene sede en Alemania y está dedicada como única actividad a la explotación de un hotel en Berlín. Es propiedad de Rato en aproximadamente un cincuenta por ciento a través de la sociedad Kradonara 2001 S.L. y a través del 62 por ciento que posee de la mercantil Rodanman gestión, que comparte con su excónyuge Ángeles Alarcó.

El juez detalla que con origen en Telefónica han ido a parar a Bagerpleta otros 100.000 euros, así como con origen desconocido y a través de Kradonara 2001 y Vivaway Limited otros 1.050.777 euros, de los que 750.777 fueron empleados en una ampliación de capital de la entidad.

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