En el documento, los socialistas se declaran "orgullosos" de la Carta Magna y aseguran que no pretenden "abrir un proceso constituyente", sino dar respuesta a los problemas de la España de 2015, porque creen que el Estado "necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial".
La reforma que plantean los socialistas tiene cinco grandes objetivos generales y uno de ellos es alcanzar "un nuevo pacto territorial para una sociedad plural". Según han indicado fuentes socialistas, la propuesta de reforma pretende lograr que Cataluña y sus ciudadanos "encuentren satisfacción a su petición de reconocimiento de su singularidad en el seno de un marco común de convivencia para España".
Para ello, apuestan por avanzar en el federalismo, un sistema que "defiende la unidad del Estado", pero al mismo tiempo respeta "la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades". El federalismo, defiende el documento, "permite reconocer, respetar e integrar la diversidad y las singularidades de los territorios de España".
En concreto, abogan por reconocer "las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas"; incluir en la Constitución a las comunidades autónomas por su nombre; mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España; reformar el Senado; incluir el principio de lealtad federal y racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial.
También proponen establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las comunidades autónomas conforme a los principios de "certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos", así como de "autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial".
Además, quieren respetar el principio marcado por el Tribunal Constitucional, para que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia.
El documento también defiende "mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo", orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina.
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