El toledano José Antonio Marina plantea que parte del sueldo de los profesores dependa de la evaluación del centro

"Los buenos profesores no pueden cobrar lo mismo que los malos", indica este experto en su libro 'Despertad al diplodocus. Una conspiración educativa para transformar la escuela.. Y todo lo demás', en el que hace una revisión del sistema educativo y marca la hoja de ruta para que la escuela española se convierta en una institución de alta calidad en tan sólo cinco años.

A juicio de Marina, al Gobierno le corresponde determinar la formación inicial y las competencias del profesorado, que incluye la definición de la carrera docente y las condiciones laborales. También subraya la importancia de los equipos directivos de los centros escolares y su formación y advierte de que en España "está todo por hacer" en este sentido.

"Sólo formando profesionales capaces de convertir sus centros en organizaciones que aprenden, que establecen lazos con la familia y el entorno, podremos tener una escuela de calidad", apunta el autor, que ve igualmente "imprescindible" cambiar la selección y formación de los inspectores educativos para que sea un cuerpo de "élite", compuesto por profesionales con gran experiencia.

Para Marina, el papel de estos inspectores "no es fiscalizar" y asegura que "no son policías educativos". A su juicio, la tarea de estos profesionales tiene que ir encaminada a "ayudar a los profesores españoles a mejorar sus competencias".

Este pedagogo indica que le corresponde también al Gobierno fijar el currículo, con la ayuda "imprescindible" de expertos, y advierte de que los currículos españoles, en general, han sido siempre demasiado extensos.

Como ejemplo, Finlandia. Según Marina, el país nórdico, tras sufrir una crisis educativa hace cuarenta años, creó un currículo muy variado que incluye artes, ciencias, humanidades, idiomas, matemáticas y educación física; dio mucha libertad a las escuelas y distritos para hacerlo; priorizó los estudios profesionales y prácticos; valoró la creatividad; animó a profesores y directores a colaborar; y abrió las escuelas a la comunidad y a las familias de los alumnos.

Asimismo, señala que el Ejecutivo tiene que fijar los criterios de evaluación, aunque reconoce que éste es el tema "más complejo y difícil", pues el sistema educativo español "carece de una cultura de la evaluación" y cuando ha querido implantarla, la ha "confundido" con el aumento de exámenes.

El experto afirma que no sólo hay que evaluar a los alumnos, sino también a los directores, inspectores, profesores --incluso "viéndoles actuar dentro del aula"-- y a los centros educativos, establecer unos estándares, tal y como recomienda la OCDE y dar al mismo tiempo autonomía a los colegios para que logren a su manera estos objetivos educativos.

También propone evaluar a inspectores y a responsables de la administración educativa, que "deben comprometerse con los objetivos educativos o dimitir". Además, apunta que el carácter funcionarial del profesorado no impide la evaluación, pero insiste en que "hay que hacerla bien".

Para el autor del libro, todos los ministros deberían tener nociones básicas acerca de la educación y del papel que ésta va a jugar en el futuro, independientemente de la cartera que ostenten. "Enviaré este libro a los ministros del gobierno que salga después de las elecciones", asegura.

Si bien apunta que la política no es practicable hoy en día sin un recurso continuo al saber experto también advierte de que, al mismo tiempo, "hay desconfianza" en los expertos y, como ejemplo, la crisis económica, que ha puesto en "solfa" la credibilidad de los economistas.

"La política es con frecuencia marrullera y, en vez de basarse en los expertos, los gobiernos pueden preferir buscar al experto que apoye sus teorías", apostilla.

Marina también hace mención en este libro al 'pacto de Estado por la educación' y advierte de que "seguirá siendo meramente político" y no tendrá "repercusiones reales" si se ciñe a los partidos políticos y no tiene en cuenta a los grupos sociales "cada vez más amplios".

A su entender, el acuerdo debería contemplar presupuesto, objetivos, marco básico de organización escolar, tratamiento del profesorado y acuerdo básico sobre el currículo. "No se trata sólo de conseguir transformar una escuela mediocre en una escuela de alto rendimiento, sino de transformar todo el sistema educativo, actuar sobre el entorno, promover una sociedad del aprendizaje que a su vez produzca una sociedad del conocimiento, y ésta a su vez haga progresar la calidad de vida", apunta.