Las herramientas legales del Gobierno contra el desafío independentista catalán

"Las instituciones autonómicas catalanas encuentran su legitimidad en la Constitución Española", recordaba el gobierno en funciones en un comunicado hecho público tras conocerse el acuerdo entre JxS y las CUP que desatascaba en el Parlament la espinosa negociación de investidura. Fuera de ella "no hay mayoría parlamentaria que pueda amparar o justificar actos ilegales o, menos aún, la pretensión de romper la soberanía nacional".

Así, el Gobierno pretende así hacer frente a los pasos que dé el gobierno autonómico en los tribunales agotando todas las vías legales, aunque de los tiempos dependerá que sea el ejecutivo de Mariano Rajoy u otro el que tenga que tomar las decisiones a seguir.

El pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró nula la resolución del 9 de noviembre sobre el inicio del proceso político de Cataluña atendiendo el recurso del Gobierno –en mayo tendrá que confirmar o levantar la suspensión automática antes de dictar sentencia definitiva- y todo parece indicar que los siguientes pasos anunciados por Puigdemont en su investidura (una Constitución catalana, una Hacienda propia, un banco central y una Seguridad Social) correrán la misma suerte. Eso sí, con algunas particularidades.

Inhabilitación de cargo público

La imputación de Artur Mas por la consulta del 9-N podría derivar en una próxima condena con inhabilitación para ostentar un cargo público. Sin embargo, la cesión del liderazgo del proceso soberanista en Puigdemont ha dado un balón de oxígeno extra a los independentistas.

No obstante, la vía de la inhabilitación para el cargo público podría recaer igualmente en Puigdemont si se iniciara un nuevo proceso contra él, a raíz de alguna de las medidas anunciadas que pretende llevar a cabo. En cuyo caso actuarían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistía en una entrevista concedida a Onda Cero en octubre en que entre la variedad de herramientas legales con las que cuenta el Estado de derecho están: "El Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia, está la propia Constitución"… Y la última reforma de la ley del TC.

Reforma del Tribunal Constitucional

El Gobierno aprobó el 16 de octubre de 2015 la reforma de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.

Esta ley faculta al alto tribunal a solicitar un informe a la parte implicada en caso de apreciar un posible incumplimiento total o parcial de una resolución suya -como pudiera ser a la Generalitat por no respetar la anulación cautelar de la resolución del 9 de noviembre- y la posibilidad de adoptar medidas coercitivas como una multa entre 3.000 y 30.000 euros; la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos o solicitar la colaboración al Gobierno central para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

Es más, si se tratara de la ejecución de resoluciones sobre la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran "circunstancias de especial transcendencia constitucional", el TC podría adoptar las medidas que considerase necesarias para asegurar a las partes sin siquiera escuchar a las partes.

Ya en octubre Catalá aclaró en el programa Espejo Público que en caso de que el Parlament decidiera proclamar la independencia con el Gobierno en funciones, éste actuaría con los mismos poderes con los que contaba antes de las elecciones, es decir, acudiría a los tribunales para impugnar alguna decisión de la asamblea catalana y, como último recurso, podría recurrir a la suspensión de la autonomía acogiéndose al artículo 155 de la Constitución.

Artículo 155 de la Constitución y ¿tanques?

El artículo 155 de la Constitución contempla la autorización al Gobierno de disponer de "las medidas necesarias" para obligar a una autonomía al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones impuestas por la ley.

Este artículo podría aplicarse en dos escenarios posibles: si una comunidad actuara fuera de la ley o si atentara gravemente contra el interés general de España.

Para ello, el Gobierno tendría que remitir un requerimiento a las autoridades autonómicas y, en caso de ser desatendido, aprobar las medidas coercitivas con una mayoría absoluta en el Senado. Un requisito que vendría delimitado por el resultado en las urnas. Actualmente, en caso de que no hubiera un adelanto electoral que modificara el escenario político, el PP contaría con mayoría absoluta en la cámara alta para sacar adelante las medidas que considerase oportunas el gobierno en funciones. No obstante, este sería el último recurso y en unos meses quizás la composición de la cámara podría verse modificada si se encalla la cuestión de la investidura.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya puntualizó que lo de los tanques "no está en la Constitución" cuando respondió al portavoz del PNV, Aitor Esteban, sobre las medidas que tomarían contra la consulta independentista catalana. "Toda la ley, sólo la ley, pero toda la ley" aseguró Margallo que utilizarían para impedir que salieran las urnas a la calle, si bien finalmente salieron el 9-N de 2014. Lo que ocurrirá en adelante se plantea en un escenario incierto.

Este mismo lunes, era el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que recordaba que la Guardia Civil estaría a disposición del Gobierno para defender la unidad de España. Fernández Díaz ha manifestado, según unas declaraciones recogidas por EP, que la Guardia Civil "es una institución nacida para proteger la Constitución, que tiene su fundamento en la indisoluble unidad de España". "En la Guardia Civil y para salvaguardar estos valores tiene el Gobierno un instrumento siempre a sus órdenes". En cambio, preguntado sobre si mantiene que no se verá a la Guardia Civil por la Diagonal de Barcelona como él mismo descartó en una entrevista hace unos meses, el ministro se ha limitado a defender una respuesta "proporcional, con prudencia, pero con firmeza". "Con la unidad de España no se juega", zanjó.