¿Fin de las cláusulas suelo?: expertos en derecho enfrían las expectativas la víspera de la 'gran sentencia' del TUE

El pasado 7 de abril se conoció la última sentencia favorable a los consumidores que no se podían beneficiar de las bajadas del Euríbor por contar con cláusulas suelo en sus hipotecas. Pero, ¿realmente se trataba de una sentencia histórica? La decisión, aún recurrible, afectaría no sólo a los denunciantes, sin embargo, expertos en derecho enfrían las expectativas.

"Es más que improbable que las entidades bancarias vayan a proceder a eliminar el suelo de las hipotecas y devolver las cantidades abonadas de más desde el 9 de mayo de 2013 de forma unilateral y masiva", asegura la experta en Derecho Bancario y procedimientos hipotecarios de Robher Asesores, Sara Benedí.

Benedí afirma que "pese a que se está publicando que son sentencias históricas, en estas afirmaciones hay más de márketing que de doctrina jurídica".

El último fallo judicial, del 7 de abril en Madrid, no garantiza más que se vayan a eliminar las cláusulas suelo que sean iguales a la transcritas en esta sentencia, pero en los contratos que no coincida serán las entidades bancarias las que decidan. "Por ello, lo que debería hacer cada consumidor tendría que instar una demanda de forma individual para conseguir la devolución, que es, además, un camino mucho más rápido para conseguirlo", asegura.

Además de que esta y otras sentencias no son firmes y aún no crean jurisprudencia al ser de instancias inferiores al Tribunal Supremo, pueden "no ser efectivas para la mayoría de los clientes", insiste Benedí. A esto se sumaría que sólo se aplicaría la retroactividad de los cobros indebidos desde el 9 de mayo de 2013 –hasta conocerse la postura del TUE- y siempre que el cliente no haya rubricado un acuerdo con la entidad bancaria que limite las reclamaciones que pudieran realizarse.

9.800 millones desde 2009

Finalmente, este martes, el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) celebrará una vista oral sobre los tres asuntos prejudiciales acumulados en relación a la retroactividad de las cláusulas suelo en España. No obstante, la sentencia formal llegaría en unos cinco o seis meses.

Desde la patronal bancaria, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, defendía recientemente que una hipoteca se caracteriza por prestar dinero a cambio de una cantidad adicional, por lo que ha señalado como el "límite" que el endeudado no tenga que pagar nada ante el desplome del Euríbor. "El límite es que no tengas que pagar nada y el préstamo te salga gratis", sentenciaba de forma tajante ante la hipótesis de que llegara a darse un Euríbor negativo.

El Tribunal Supremo decidió precisamente el 14 de abril suspender la tramitación de un recurso sobre cláusulas suelo a la espera de conocer el pronunciamiento de la Justicia europea. El alto tribunal estudia el caso de dos personas que solicitaron la suspensión de la resolución de un recurso presentado por Unicaja en octubre de 2015.

Las entidades financieras españolas han percibido unos 4.474 millones de euros por la aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas entre noviembre de 2009, cuando los bancos y cajas activaron su comercialización, y hasta el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que ha sentado doctrina el Tribunal Supremo a partir de la que devolver lo cobrado por este tipo mínimo por falta de transparencia.

De reconocer Bruselas la devolución de todos los importes cobrados por las cláusulas suelo desde el origen del préstamo, que no se espera de forma inminente, la banca española tendría que devolver estos casi 4.500 millones, cifra que engrosaría la factura de 5.269 millones por los intereses cobrados desde el 9 de mayo de 2013 hasta finales de 2015, según cálculos de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Así pues, las entidades financieras han ingresado casi 9.800 millones desde 2009 gracias a limitar en las hipotecas la caída del Euríbor.

El TUE ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre las cláusulas suelo. La última también a mediados de este mes, cuando declaró ilegal la normativa española que obliga a un juez a suspender automáticamente una acción individual de un consumidor para declarar el carácter abusivo de una cláusula suelo a la espera de una sentencia en relación a una acción colectiva ejercitada por una asociación de consumidores.