Rubén Sánchez (Facua): "La ministra de Sanidad aún no sabe que tiene las competencias de Consumo"

- El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ¿qué celebramos en esta fecha?

Es un día para reivindicar y promover la movilización de los consumidores ante los crecientes fraudes que cometen las grandes empresas. También es un día para que muchos Gobiernos y políticos se intenten hacer la foto desarrollando la única acción pública relacionada con la protección de los consumidores de todo el año. Es un día para las pantomimas de muchos políticos, que pretenden mostrar públicamente su enorme preocupación por los derechos de los usuarios ante fraudes contra los que nunca luchan, y ante los que cierran los ojos cuando nosotros denunciamos. A mí me escandaliza ver cómo muchos responsables políticos, en Gobiernos autonómicos o en el Gobierno de la nación, cada año, en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, montan un acto, una rueda de prensa, un evento o unas jornadas, para hacer creer a la gente que se dedican a cumplir con su trabajo, cuando cada vez que denunciamos irregularidades o fraudes masivos, no actúan y miran hacia otro lado.

- Esta inacción de los políticos en materia de protección de los consumidores y usuarios, ¿es una seña de identidad de todos los partidos o los nuevos han mostrado un interés real?

Si hablamos de Podemos y Ciudadanos, el ‘problema’ es que no gobiernan en ninguna Comunidad Autónoma, por lo que no podemos ver si cumplen lo que prometen. Hay un bipartidismo en el Gobierno central y, muchas veces, el partido que gobierna no actúa, y el que está en la oposición reclama medidas que no llevó a cabo cuando gobernaba. A nivel autonómico, ningún Gobierno, del color que sea, da la talla en materia de protección al consumidor. Hay que tener en cuenta que, en España, las competencias para poner sanciones económicas por fraudes a los consumidores son exclusivas de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Sanidad, que tiene las competencias de Consumo, aunque la ministra aún no lo sabe, no puede poner multas; puede pedir a las empresas que cesen en sus prácticas fraudulentas o llevar a una empresa a los tribunales, algo que no hace, pero no puede poner sanciones. Entonces, esa potestad que tienen las autonomías, no la suelen ejercitar, y cuando lo hacen, proponen sanciones ridículas.

- ¿Cuáles son los hitos conseguidos en materia de protección de los derechos de los consumidores?

Facua ha conseguido resolver decenas de miles de problemas de consumidores que han acudido a nosotros o se han unido a nuestra organización. Hemos tramitado reclamaciones ante empresas, y cuando no han asumido sus responsabilidades hemos acudido a los tribunales y hemos ganado. Al final se trata de resolver los problemas cotidianos de la gente, desde quienes han recuperado 10 euros a quienes han recuperado 200.000. Luego están los fraudes masivos contra los que hemos luchado históricamente. Por ejemplo, hemos logrado que en España, a diferencia de muchos países, las telecomunicaciones se paguen por segundos desde el principio; antes había un redondeo en el primer minuto de conversación y eso se erradicó en el año 2007, después de 4 años de lucha. Hemos logrado erradicar prácticas fraudulentas de grandes empresas, y hemos conseguido que se apliquen multas relativamente altas. Hemos conseguido que productos que salían al mercado con una denominación engañosa, hayan sido retirados. También hemos conseguido que las grandes compañías eléctricas devolviesen en 2009, decenas de millones de euros que habían facturado ilegalmente en varias Comunidades Autónomas. Hemos desmantelado empresas dedicadas al fraude, como el negocio de los productos milagrosos para adelgazar. Ha habido grandes batallas en las que hemos vencido, pero somos conscientes de que cada vez que le doblamos el pulso a las grandes empresas y multinacionales, éstas responden con prácticas fraudulentas nuevas.

- ¿Cuáles son los principales retos pendientes?

En primer lugar, los políticos deben asumir sus obligaciones porque no le vamos a pedir a las grandes empresas que las asuman. Además, es que las grandes empresas cada vez cometen más irregularidades; digamos que tienen departamentos de innovación en fraude, para ver cómo nos engañan o cómo nos cobran cantidades que no tendrían por qué. Los políticos tienen que hacer su trabajo y aplicar las leyes, sin contarnos la milonga de que son los jueces los que tienen que hacerlo. Hay muchos responsables políticos que, cuando presentamos denuncias, dicen que vayamos a los tribunales, como si a ellos no les competiera la aplicación de leyes y la imposición de sanciones por incumplimiento. Por otro lado, tenemos que trasladar a los consumidores la idea de que tenemos una capacidad enorme de empoderarnos y que se trata de unirnos. En Facua tenemos cerca de 200.000 usuarios inscritos, muchos son muy combativos, y no sólo actúan como altavoz de nuestras reivindicaciones, sino que también nos suministran información sobre prácticas fraudulentas y nos ayudan a luchar contra los abusos. Es importante tener la noción de que lo que no somos capaces de conseguir de forma aislada, podemos lograrlo unidos en grandes organizaciones y movimientos ciudadanos.

- ¿Estamos concienciados los ciudadanos sobre la importancia de proteger nuestros derechos como consumidores y usuarios?

Nosotros lo que vemos es que los ciudadanos no tenemos la noción de que sea necesario formar parte de grandes movimientos sociales para reivindicar y luchar en defensa de nuestros derechos. Quizás en el ámbito de la defensa de los derechos de los trabajadores, los sindicatos lograron históricamente un mayor nivel de afiliación, aunque ojalá se multiplicaran por 10 las cifras de afiliación sindical. Sin embargo, en el ámbito de la defensa de los consumidores todavía no hemos alcanzado los niveles necesarios para ser todo lo fuertes que debemos en esta sociedad del híper consumo y del fraude. También es cierto que en los últimos años de crisis económica, mientras otros movimientos ciudadanos experimentaron una reducción importante de sus afiliados, con Facua ha ocurrido lo contrario: hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos 5 años, porque quizás cuando el bolsillo se ha resentido más por los fraudes, nos hemos incorporado más consumidores a la lucha contra los abusos. Aun así, los consumidores no somos lo suficientemente críticos; además, tenemos que aprender que ‘papá Estado’ no va a venir a solucionar nuestros problemas, que las empresas no son nuestras amigas. Al igual que tenemos seguro de coche o de vida, deberíamos tener dos seguros que son claves en nuestra vida: afiliación sindical y afiliación a alguna organización del consumidor, porque son las dos parcelas de la defensa del dinero que cobramos y gastamos. Los sindicatos y las organizaciones de consumidores debemos ser la cara y la cruz del seguro que debe tener cualquier ciudadano para empoderarse.

- Según ha dicho, la ministra de Sanidad aún no se ha dado cuenta de que tiene competencias en materia de consumo, ¿se coordina de alguna forma la labor de Facua con las autoridades?

En el día a día batallamos en defensa de los consumidores dirigiéndonos a las empresas para que resuelvan los problemas de nuestros socios, a través de nuestros equipos jurídicos. Primero, intentamos mediar de forma amistosa con las empresas, pero si no reaccionan, nos dirigimos a las administraciones competentes, generalmente las administraciones autonómicas de consumo, pero también acudimos a otras, en función del problema del que se trate; como la Dirección General de Seguros, el Banco de España, la Agencia de Protección de Datos, etc. Este sería el procedimiento en cuanto a reclamaciones individuales. Luego tenemos casos de fraudes masivos, en los que Facua, de oficio, a través de sus equipos de investigación y control del mercado, detectamos y evaluamos estos fraudes, y también nos dirigimos a las autoridades competentes para que expedienten o sancionen a las empresas, pero lamentablemente, las administraciones competentes muchas veces son incompetentes. Hay casos en los que nos planteamos dirigirnos a los partidos políticos, a nivel estatal, autonómico o municipal, para trasladarles determinadas cuestiones y que trasciendan al debate en el Parlamento o en los plenos municipales, y hagan presión desde la oposición. Pero si hablamos del Gobierno de la nación, aún no conocemos a la ministra de Sanidad, no ha tenido a bien reunirse con nosotros, quizás porque, como te decía, no sabe que tiene competencias en materia de protección al consumidor, aunque nosotros se lo recordamos continuamente. La ministra Dolors Montserrat debería asumir su función de máxima responsable del Gobierno en materia de protección al consumidor, como también debería haberla asumido el ex ministro Alfonso Alonso o la ex ministra Ana Mato. De hecho, quizás el hito más importante de la ministra Ana Mato en materia de protección al consumidor fue subvencionar a Ausbanc; darla de alta en el registro de asociaciones de consumidores y entregarle dinero público.

- Entiendo que Facua ha intentado concertar esa reunión con la ministra

Nosotros nos hemos dirigido por activa y por pasiva a la ministra de Sanidad, trasladándole cuestiones, y debería ser ella la que propusiera esta reunión porque ya toca empezar a trabajar en protección al consumidor, pero puede que no tenga demasiado interés.

- ¿Ha recibido amenazas o presiones de empresas o partidos como portavoz de Facua?

Sí, he recibido presiones y amenazas desde distintos ámbitos. Tanto Facua como yo hemos recibido presiones empresariales y amenazas de empresas con llevarnos a los tribunales por haber destapado su fraude y luego haber alzado la voz contra sus abusos. Hay empresas que nos han llevado a los tribunales; en el caso de Facua, Ryanair nos ha llevado dos veces a los tribunales porque entendía que estábamos cometiendo intromisión ilegítima en su derecho al honor, y nos pusieron dos demandas por difamación al denunciar Facua un fraude masivo. La aerolínea perdió la demanda y fue condenada en costas. El juez no apreció que estuvierámos diciendo nada más que aquello a lo que nos obliga nuestra función como movimiento ciudadano de defensa de los consumidores. Hay más empresas que nos han llevado a los tribunales entendiendo que las estábamos difamando, y todas han perdido. Yo personalmente he recibido amenazas de empresas, negocios o falsas asociaciones de consumidores, como es el caso de Ausbanc. A mí Luis Pineda (presidente de Ausbanc) me estuvo amenazando durante años, exigiéndome que tirara la toalla y me desvinculara de Facua porque nos venía como un enemigo a batir y quería acabar con nosotros. Pineda me montó grandes campañas de difamación e incluso llegó a empapelar las calles de varias ciudades con carteles con mi foto en los que me acusaba de corrupción y de cometer delitos. Eso provocó que yo le llevara a los tribunales, y ya le he ganado varias demandas por difamación. Afortunadamente, el señor Pineda está donde debería estar desde hace muchos años, que es en la cárcel. También ha habido partidos políticos que me han planteado a mí o a Facua, de forma directa o indirecta, presiones en las que nos venían a decir que si seguíamos siendo críticos con su inacción en materia de protección al consumidor, nos iban a recortar o a eliminar las subvenciones públicas. Esto nos ha preocupado desde el punto de vista del insulto y el atentado contra la democracia y contra la libertad de asociación, el hecho de que un Gobierno o un partido te amenace con eso. Por ejemplo, cuando comenzó la primera legislatura de Rajoy, el Ministerio de Consumo nos amenazó con ilegalizarnos y expulsarnos del registro de asociaciones de consumidores, por denunciar públicamente los recortes en la Sanidad pública. Al mismo tiempo que incluían a Ausbanc en el registro de asociaciones y le daban dinero público, a nosotros nos amenazaban con expulsarnos de ese registro para quitarnos el derecho a acceder a ayudas públicas, por reivindicar los derechos de los consumidores frente a las políticas del PP.

-¿Se ha llegado a cumplir alguna de esas amenazas de los partidos y Gobiernos?

Sí, nosotros hemos estado muchos años castigados a nivel de subvenciones públicas en alguna Comunidad Autónoma, como por ejemplo, en Andalucía, donde hemos visto que nunca se nos ha tratado como la organización más representativa que existe en la región, por parte de sucesivos gobiernos del PSOE. Aquí se ha cuidado mucho a alguna organización en concreto como la UCE (Unión de Consumidores de España) con vínculos con el PSOE, y sólo por ser la organización amiga o correa de transmisión del partido del poder, y se les ha dado dinero público que no se les tenía que haber concedido porque no daban la talla a nivel de representatividad; no tenía el número de socios que aseguraba tener y tenía irregularidades. Algunas de esas irregularidades se han ido detectando, y por fin, se le han paralizado las subvenciones, pero durante muchos años se le ha dado un trato y un dinero que la UCE, aquí en Andalucía, no merecía. También es cierto que a nivel estatal, fue la organización de consumidores mimada por sucesivos gobiernos del PSOE. Eso ha sido en detrimento de otras organizaciones como Facua.

-Precisamente por la exposición que supone ser el portavoz de Facua, hay quienes consideran que intentas buscar reconocimiento personal

Cualquier ciudadano tiene la opción de implicarse en la lucha por nuestros problemas. Los problemas que tenemos los ciudadanos son de muchos tipos, hay quien se mete en entidades caritativas, hay quien se mete en un partido político, hay quien se mete en una organización ecologista, y hay quien se mete en una organización de consumidores. Me parece tan sano y tan decente meterte en una organización ecologista o de consumidores, que meterte en un partido político. Parto de la idea de quien lo hace no es porque busca un cargo o un sueldito, sino porque busca ser útil a la sociedad. Llevo en Facua desde el año 1993, entré en la organización haciendo prácticas cuando estudiaba Periodismo, me quedé y soy miembro del equipo de personas que trabajamos aquí. Yo cobro un salario en Facua por coordinar un equipo de comunicación, pero a la vez, tengo una responsabilidad política dentro de la organización porque soy su portavoz. Lo que hago en Facua es intentar ser útil y aportar mi granito de arena en algo me parece esencial. Me ha tocado, en parte por suerte y en parte por desgracia, ser la cara visible de la organización. En una etapa, mis compañeros me pidieron asumir el rol de portavoz y eso supone que estoy continuamente expuesto. Por mi parte, el aparecer en los medios de comunicación no es una búsqueda de fama o reconocimiento. Evidentemente, en Facua buscamos notoriedad porque así conseguimos lo que buscamos: erradicar el fraude o solucionar problemas. Si no tuviéramos visibilidad pública, no incidiríamos en cambios en la sociedad y en el mercado. Yo desempeño un rol, pero mañana puede ser otro. Siempre gusta que haya gente por la calle que valore el trabajo que hacemos en Facua, pero también me encuentro con muchas personas que pueden ser críticos con lo que hago, bien porque hay cuestiones que plantea Facua que suponen criticar a determinados partidos y eso no gusta a algunos votantes de esos partidos, o bien también hay gente que trasladas sus problemas a determinadas personas sobre las que proyecta odio. Igual que quien va a un estadio, no para ver el fútbol sino para insultar al rival. Tengo muchos 'trolls', mucha gente que me insulta a diario en las redes sociales pero, creo que como cualquiera con una mínima relevancia pública.

-Luis Pineda ha sido condenado por campañas difamatorias contra usted y la organización, y recientemente ustedes han anunciado acciones judiciales contra Eduardo Inda (Okdiario)...

Partimos de que hay nueva vía de ataque contra nosotros, igual que hay una nueva vía de ataque contra los fraudes empresariales, que son las redes sociales. Para colmo, nos encontramos que el nuevo periodismo, el periodismo de la difamación sin contrastar, provoca que el diario de Eduardo Inda invente que Facua no es un colectivo de usuarios sino nada menos que 6.000 usuarios nos han puesto una querella por estafa. Sería la mayor querella por estafa de la historia de la humanidad. El pasado viernes, presentamos una querella por difamación contra Eduardo Inda y contra Okdiario. Todas las demandas que hemos interpuesto las hemos ganado, y todas las demandas que nos han interpuesto por difamación los poderes empresariales las hemos ganado y han sido ellos condenados. La justicia nos viene dando la razón en las cuestiones relacionadas con acusaciones contra nosotros.

-Dejando al margen el ‘lado oscuro’ de las redes sociales, supongo que se han convertido en el gran aliado de los consumidores porque han viralizado denuncias y reclamaciones

Evidentemente. Yo siempre digo que las redes sociales son un arma de movilización masiva; sirven para convocar y propiciar manifestaciones, sirven para dar a conocer fraudes o estafas y que los consumidores puedan estar alerta, sirven para cambiar leyes porque se convierten en monitor de la opinión pública y los Gobiernos lo saben y las empresas también. Entonces son, sin duda, una de nuestras armas.

-Después del varapalo del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) al sector bancario por las abusivas cláusulas suelo, el mismo tribunal ha declarado ilegal el uso de líneas de alto coste para servicios de atención al cliente, los famosos 902. ¿Se ha convertido este tribunal en un azote para la inacción de nuestro Gobierno, que es quien debería velar por los derechos de los consumidores?

El alto tribunal europeo le ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español en un tema tan trascendental como el fraude de mayor envergadura de la historia de nuestro país que son las cláusulas suelo, y por otro lado, es interesante esta sentencia sobre las líneas 902. El caso de las cláusulas suelo sí que viene de un juez andaluz que plantea la cuestión al TJUE. Sin embargo, el caso de las líneas 902 viene de una cuestión planteada por un tribunal alemán, esto no viene de España, pero la decisión del TJUE trasciende a toda la Unión Europea, ya que interpreta una directiva que se debe aplicar en España. Es positivo que se hayan producido estas sentencias y otras, pero también es reflejo del fracaso la justicia española, en el caso de las cláusulas suelo por el hecho de que el Supremo tomara una decisión más política que jurídica. Eso nos preocupa y nos inquieta, el que unos jueces decidan proteger los intereses económicos de la banca, pese a que tienen clara la ilegalidad cometida. Por otro lado, también refleja el fracaso de nuestros políticos por su inacción, aunque más bien es el triunfo de la banca, que consiguió ser titiritera de los políticos. Los titiriteros verdaderamente peligrosos en este país son los banqueros y el resto de grandes poderes económicos, que manejan a su antojo políticos títeres que han mirado hacia otro lado o han cerrado los ojos ante grandes fraudes, porque esos poderes económicos no les permitían tomar medidas.

-Recientemente se ha publicado un informe sobre la vulnerabilidad del consumidor de la UE, elaborado por la Comisión Europea, en la que los españoles salimos bastante mal parados en cuanto a protección de nuestros derechos

No tengo datos concretos sobre cómo funciona la protección en otros Estados de la UE pero, lo que sí tengo claro es que España y sus 17 Comunidades Autónomas no son un ejemplo a seguir para el resto de países. De hecho, posiblemente, somos el ejemplo que no debería seguir ningún Estado miembro, en cuanto a la inacción de las autoridades de consumo o de las autoridades con responsabilidad en el control de los mercados. Se debería dar un giro, sino de 180º grados, de 150º, a las políticas orientadas a controlar el fraude en el mercado porque vamos extremadamente mal, y cada vez peor. El ejemplo de actualidad que es el tema de las cláusulas suelo, cuando el tribunal europeo dice que hay que devolver el dinero de este fraude a los consumidores, la reacción de los dos partidos del Gobierno, el PSOE y el PP, no ha sido anunciar multas contra la banca si no devolvían el dinero a todo el mundo, no ha sido movilizarse las Comunidades Autónomas para ello, más bien ha sido de dejar a la banca que haga lo que le dé la gana y que nos tengamos que preocupar los consumidores de ir de nuevo a los tribunales. Tanto Mariano Rajoy, líder del PP, como Susana Díaz, lideresa del PSOE en estos momentos, no han hecho lo que deberían y, encima, se han llegado al extremo de ser tan demagogos, que han llegado a presentar un Real Decreto que no sirve para nada y que ha sido anunciado por Susana Díaz como lo que ha hecho el PSOE para que los consumidores recuperen su dinero. Susana Díaz ha llegado a decir: “Gracias a nosotros, los consumidores van a recuperar el dinero de las cláusulas suelo”. Realmente, lo que ha hecho el PSOE para que la gente recupere el dinero de las cláusulas suelo, ha sido absolutamente nada. El PSOE ha hecho lo contrario, ha propiciado que la gente no recupere su dinero. Aquí en Andalucía, después de unas denuncias que presentamos hace años contra 20 bancos, ha anunciado unas multas absolutamente ridículas, que le dicen a la banca: “Oye, si queréis volver a cometer otro fraude parecido, hacedlo que nosotros no os haremos ni cosquillas con las medidas que tomemos”.