DIARIO HISPANO DE NEW YORK

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Como viene siendo habitual, el impacto que deja en la opinión pública un accidente como el del avión de Spanair, plantea una serie de especulaciones que los medios de comunicación, en aras de la inmediatez, magnifican sin demasiada justificación y que, en las primeras 48 horas, contribuyen a añadir más confusión que clarificación. En una sociedad abierta resulta casi inevitable. Es una dificultad añadida que deben vencer los encargados de hacer frente a la emergencia y paliar, dentro de lo posible, los efectos negativos, tanto sobre las víctimas y sus familiares, como sobre el conjunto de la sociedad.

La capacidad de respuesta, nada más estrellarse el avión de Spanair, por parte de la Administración aeronáutica y la dirección del aeropuerto de Barajas, fue la adecuada en tiempo, forma y medios. Se puso en marcha el dispositivo previsto para contingencias de este tipo. Los protocolos sobre el particular funcionaron satisfactoriamente. Se hizo lo que se debía. Se extinguió el fuego. Se rescataron a los supervivientes y se evacuaron los cuerpos de las víctimas. Además, se aseguró el perímetro del accidente, al objeto de facilitar la labor del juzgado de guardia y el trabajo de los equipos de investigación. Un trabajo de profesionales resuelto con profesionalidad.

Lo bueno
La triste experiencia del 11M sirvió de lección para mantener en Madrid -también en otras zonas de España- unos dispositivos de emergencia y unos planes de seguridad acordes con las amenazas, no sólo terroristas, sino de tipo negligente, de bajo nivel de formación, de rutinas establecidas hasta aquella fecha. En materias de Protección Civil, Seguridad policial y Emergencias, no hay mejor improvisación que mantener al día los planes de intervención.

La respuesta del ministro del Interior fue la adecuada. En apenas 70 minutos se habían añadido al dispositivo 450 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, para cubrir funciones de seguridad y de investigación de la catástrofe. Alfredo Pérez Rubalcaba junto con la titular de Fomento -que tiene un despacho propio en Barajas, herencia del último ministro del Gobierno del Partido Popular- tenía justificada con creces su estancia en la zona del accidente. El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid aportaron personal de refuerzo (bomberos, policías locales y sanitarios) en la medida necesaria para hacer frente a la catástrofe, dentro de los planes de intervención. En conjunto, las administraciones funcionaron coordinadamente.

En el capítulo de lo positivo, hay que colocar también a los servicios médicos. Por desgracia, sólo se pudo atender a una veintena de supervivientes. Su hospitalización en la red pública de la Comunidad de Madrid no era problema. Como tampoco lo fue su rápida evacuación. Los hospitales de Madrid, incluso antes del 11 de marzo de 2004, están suficientemente dotados como para hacer frente a un ingreso masivo de heridos graves cercano al centenar sin que, por ello, se creen mayores sobresaltos asistenciales. El de ayer no era el caso, pese a estar en pleno período vacacional.

Lo mejorable
Spanair y sus directivos, no obstante, no anduvieron ágiles en facilitar a AENA la lista de los pasajeros del vuelo siniestrado. Y aquí cabe aventurar que fue sólo por el impacto emocional del accidente. Como resulta temerario, pecado en el que hemos incurrido los medios de comunicación, esperar que, a los cinco o diez minutos del accidente, la lista se facilitase a cualquier medio de comunicación. La administración aeronáutica y la dirección del aeropuerto de Barajas, salvo conocer el hecho del siniestro y desplegar el correspondiente dispositivo de emergencia y su posterior evaluación, estaba tan a ciegas como la opinión pública. Eso por no hablar -AENA hizo santamente- de hacer pública la lista de pasajeros sin haberse puesto antes en contacto con sus familiares.

Otra cosa es que, a las dos horas del accidente, con tres pistas disponibles en el aeropuerto madrileño, AENA aún no hubiera comenzado a lanzar los aviones retenidos, pese a que no existían impedimentos de seguridad ni meteorológicos. Algunos medios de comunicación hablaron de caos aéreo. No fue así, aunque los problemas no se solucionaron hasta veinte horas después. Huelgas de controladores y personal de tierra, en épocas bien recientes, han llegado a colapsar durante 72 horas el espacio aéreo español.

La presencia masiva de autoridades locales, autonómicas y ministros del Gobierno y representantes de la oposición puede llegar a ser perturbadora para una situación como la de ayer. Seguro que la avalancha institucional obedecía a las mejores intenciones del mundo, si, por supuesto, dejamos de lado las cuestiones -casi inevitables- de imagen. El trasiego de autoridades, en un aeropuerto lleno de confusos pasajeros, con su añadido de habilitarles vías de tránsito y seguridad, no contribuye a unos límites aceptables de efectividad.

En casos como el de ayer en Barajas, autoridades las justas (los ministros de Fomento e Interior bastaban). Los titulares de otras instituciones son mucho más útiles en sus despachos respectivos, bien provistos de teléfonos que permitan, si la situación así lo requiere, atender las peticiones de material y de personal que pueda precisar el director de la emergencia, ni siquiera el ministro del ramo. No se trabaja más rápido ni más seguro sintiendo en el cogote el aliento de unas autoridades, rodeadas de flashes, empeñadas en ayudar, sino todo lo contrario.

Lo malo
La única forma de abordar una emergencia con ciertas garantías de efectividad pasa por mantener intacta la capacidad de evaluación y de análisis. Siempre es una lucha contrarreloj que, paradójicamente, requiere un mínimo de tiempo. Para la inmediatez informativa ese mínimo de tiempo se confunde con la opacidad y el ocultamiento de datos.

El pressing de los medios de comunicación no contribuye a mantener las cosas dentro de sus justos límites. De ahí las especulaciones, bastantes de ellas descabelladas. ¿Falta de seriedad periodística? En gran medida sí. Y, lamentablemente, resulta inevitable. Y no contribuye, antes al contrario, a mantener informado al público. Es consecuencia directa de considerar a la información como un espectáculo. Las cadenas de televisión -y no sólo ellas, bastaba con darle un vistazo a las ediciones digitales de muchos rotativos españoles y extranjeros- fueron una palpable muestra de ello.

En circunstancias tan confusas como las del siniestro del avión de Spanair, siempre es preferible un cierto retraso -que tampoco fue tanto- en la información oficial que la falta de rigor en la transmisión de datos inciertos.
La investigación

Lleva mucho tiempo investigar las causas de un siniestro aéreo. Es algo que ni conviene ni se puede hacer de un telediario para otro. Aparte de lo determinado por el juzgado de instrucción (lo que conlleva la participación de equipos de Policía científica), están las de la Administración aeronáutica española (que se centra en las causas técnicas), las de la propia compañía propietaria del aparato (Spanair), las del fabricante del avión (MacDonell-Douglas)… En el avión siniestrado en Barajas también va a participar un equipo de la FAA, la administración aeronáutica de EEUU, con gran experiencia en la materia, que emite informes de referencia para la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional y para la IATA (siglas en inglés de Asociación Internacional de Transporte Aéreo).

Por su parte y acertadamente, el Gobierno ha creado una comisión de siete profesionales independientes encargados de investigar el accidente. La suma de unos y otros informes quizá llegue a explicar todas las causas del accidente. Hasta entonces y sólo entonces las especulaciones, especialmente las periodísticas, están fuera de lugar.

Siendo España el segundo destino turístico mundial, no es de extrañar que, por obvios motivos comerciales, el Gobierno sea el primer interesado en aclarar las causas del siniestro. Los técnicos tienen la palabra. Su dictamen imparcial, que requiere tiempo, cerrará este desafortunado caso.