Andalucía, un granero de votos que puede cambiar de manos

Es posible que durante cuatro meses, desde el 20 de noviembre al 25 de marzo, Andalucía sea la única comunidad autónoma española junto al País Vasco gobernada por el PSOE. El resto de las dieciséis nacionalidades que componen el Estado las dirige el PP o CiU. Si el próximo 20-N Rajoy consigue hacerse con el Gobierno de la nación, las tres comunidades que se les escapan de las manos, Cataluña, Andalucía y País Vasco, podrían pasar por unos complicados momentos políticos. Las tres tienen diferentes opciones y aunque son, junto con Galicia, las llamadas comunidades históricas, las perspectivas sobre como debería articularse el Estado de las autonomías, difieren y mucho.

Finaliza el himno andaluz diciendo aquello de "...sea por Andalucía libre, España y la humanidad" y ahí se condensa la concepción que el Estatuto andaluz recoge sobre el Estado y el papel que Andalucía debe jugar en el mismo. En el preámbulo del reformado Estatuto de Autonomía se afirma: "Hoy, como ayer, partimos de un principio básico, el que planteó Andalucía hace 25 años y que mantiene plenamente su vigencia: Igualdad no significa uniformidad. En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta y reconoce sin duda alguna. Pero, con la misma rotundidad, no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y respetará la diversidad pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado", algo que ratifica su artículo 1: "Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución".

Es por lo tanto el respeto a la Constitución española una de las señas de identidad de la autonomía andaluza y lo que la distingue de otras comunidades históricas cuyos estatutos han sido cuestionados como inconstitucionales. De hecho ni tan siquiera el Partido Andalucista como fuerza nacionalista plantea un nacionalismo excluyente y ha ido perdiendo fuerza con el tiempo pasando de los cinco representantes que logró en las primeras elecciones generales en el Congreso de los Diputados a no lograr ni tan siquiera representación en la Cámara andaluza en los últimos comicios autonómicos.

En este panorama, los ocho años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sus debatidas decisiones sobre algunos aspectos autonómicos, apenas si han incidido en Andalucía. Desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, en marzo de 2007 han existido dos importantes contenciosos entre Andalucía y el Estado.

El primero fue el pago de la Deuda Histórica recogida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto y que suponía la compensación por el déficit que Andalucía tenía en materia de sanidad, educación e infraestructuras, fundamentalmente. El Gobierno andaluz fijó la deuda histórica en una horquilla que iba de los 1.148 a los 1.742 millones de euros. Finalmente la deuda se ha cerrado en 1.204,41 millones, una cantidad que se sitúa dentro de la horquilla, pero a la baja. A esta cantidad hay que restarle 420 millones de euros que la Comunidad ya recibió bajo el concepto de "anticipos a cuenta". El primero de los anticipos llegó en 1996 con el Gobierno de José María Aznar, aunque fue acordado con el socialista de Felipe González, y se situó en 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros), a los que se suman los 300 millones anticipados por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el pago en solares de propiedad estatal ha levantado la indignación de la oposición que considera que el valor de los mismos en la actualidad, con la crisis del ladrillo, no se acerca ni de lejos a los 500 millones de euros. El PP exige que la deuda se haga efectiva en dinero y considera que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha estafado a los andaluces.

El otro contencioso, que aún se arrastra es el de la titularidad del Guadalquivir. Según recoge el artículo 51 del Estatuto, "la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución". Este artículo fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno extremeño al que se le ha dado la razón y, de momento, la Junta de Andalucía sólo ostenta la gestión de la cuenca y no su titularidad.

Mientras el gobierno catalán estuvo en manos del PSOE con el ex ministro José Montilla, las relaciones institucionales entre Cataluña y Andalucía apenas si han tenido roces importantes, sobre todo porque el propio Montilla es originario de la localidad cordobesa de Iznájar. Sin embargo, tras el relevo del PSOE por CiU, Griñán ha marcado distancias con la Generalitat. Otro aspecto a destacar en estos últimos siete años es la continua polémica mantenida con los políticos nacionalistas catalanes. Las diversas declaraciones realizadas en distintos foros tanto por el presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, como por el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, e incluso por la ex diputada del PP catalán. Montserrat Nebrera quienes no han ocultado sus sarcasmos tanto por el habla andaluza como por el PER y la cultura de la subvención.

Si se confirman las encuestas y sigue la tendencia al alza del PP, es muy posible que el Gobierno andaluz cambie de manos por primera vez en treinta años. Los sondeos actuales le dan al PP esta mayoría absoluta por un solo diputado. Y Javier Arenas necesita alcanzar la mayoría absoluta para poder gobernar ya que cualquier otra posibilidad mantendría a los socialistas de José Antonio Griñán al frente de la Junta, ya sea en solitario o coaligados con IULV-CA. La estrategia del PSOE andaluz y del propio Griñán para no celebrar conjuntamente las elecciones andaluzas con las generales es la de dejar pasar el tiempo para que el PP se desgaste en el Gobierno con los necesarios recortes y las más que posibles movilizaciones de los sindicatos y ello le pase factura a Javier Arenas. Por ello, los cuatro meses comprendidos entre el 20 de noviembre y el 25 de marzo, posible fecha de las elecciones andaluzas, van a ser cruciales para comprobar si es verdad que, como dicen los sondeos, la gran mayoría de los andaluces está harta del monolitismo socialista y se decanta por un cambio de gobierno, algo que sería histórico en Andalucía, donde el llamado "granero de votos" parece estar haciendo aguas conforme nos acercamos al millón de andaluces parados.